El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficial la reducción de la jornada laboral de los empleados de la Administración General del Estado (AGE) a 35 horas semanales. Esta medida afecta a 250.000 funcionarios y entra en vigor tras un acuerdo con los sindicatos. No aplica automáticamente a los empleados municipales. La norma refuerza la autonomía de las entidades locales en materia de horarios. Su impacto económico se proyecta en mayor eficiencia administrativa y menor rotación. El marco legal se sustenta en la Ley 6/2018 y en la nueva redacción de las instrucciones ministeriales.
¿Qué implica la reducción a 35 horas para los funcionarios de la AGE?
La instrucción del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública modifica la jornada general de los empleados públicos estatales. Se elimina la jornada de 37,5 horas semanales. La nueva carga horaria es de 35 horas semanales en régimen ordinario. Esto representa una reducción de 2,5 horas semanales, equivalente a más de 130 horas anuales. El cambio no implica recorte salarial. Se mantiene la remuneración íntegra. La medida se aplica de forma inmediata y vinculante para toda la AGE.
¿Por qué los empleados municipales no se benefician automáticamente?
La instrucción excluye expresamente a las entidades locales. El BOE remite a la disposición adicional 144ª de la Ley 6/2018, que regula la jornada de los empleados locales de forma supletoria. Esto significa que los ayuntamientos conservan su capacidad de negociación colectiva. No pueden invocar la nueva norma estatal como base para una reducción unilateral. Cada consistorio debe pactar su propia jornada con los representantes sindicales.
¿Qué ocurre si ya hay acuerdos locales previos?
Los ayuntamientos que ya aplican una jornada de 35 horas o inferior mantienen su régimen actual. Los acuerdos previos siguen vigentes. No se requiere nueva formalización. La norma estatal no invalida ni modifica los pactos locales ya en vigor.
¿Pueden los ayuntamientos adoptar la reducción ahora?
Sí, pero solo mediante nuevo acuerdo colectivo. La instrucción no obliga, pero sí abre la puerta a negociaciones locales. Los consistorios pueden acordar la reducción en cualquier momento. El marco legal lo permite, pero no lo impone.
¿Cuál es el impacto económico y organizativo de la medida?
La reducción busca mejorar la productividad por hora trabajada y reducir el absentismo. Estudios previos indican que jornadas más cortas en el sector público correlacionan con menor tasa de bajas por estrés. El coste estimado para la AGE ronda los 180 millones de euros anuales en costes laborales adicionales. Sin embargo, se espera una compensación mediante mayor retención de talento y menor gasto en procesos de selección. El Gobierno apuesta por una modernización funcional más que por un aumento de plantilla.
¿Qué marco legal regula esta reducción?
La base jurídica principal es la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado. Su disposición adicional 144ª permite adaptar la jornada en función de la naturaleza de los servicios. La nueva instrucción se enmarca en el Plan de Modernización Administrativa 2025–2027, vinculado al Pacto de Estado por la Función Pública. No contradice el Estatuto de los Trabajadores ni el Estatuto de los Funcionarios Civiles del Estado.
Datos Clave
- Afecta a 250.000 empleados de la Administración General del Estado.
- Entró en vigor tras su publicación en el BOE el 15 de abril de 2026.
- No aplica a ayuntamientos, diputaciones ni comunidades autónomas.
- Se mantiene la remuneración íntegra, sin reducción salarial.
- La jornada se reduce de 37,5 a 35 horas semanales, sin cambios en la distribución horaria obligatoria.
- La negociación local sigue regida por la disposición adicional 144ª de la Ley 6/2018.
El cambio refleja una evolución en la gestión pública: prioriza la calidad del servicio sobre la cantidad de horas. También responde a presiones sociales por una mejor conciliación. Su éxito dependerá de la capacidad de las unidades administrativas para reorganizar tareas sin afectar la atención ciudadana. La evaluación de resultados se realizará en el primer semestre de 2027.
