Jess Michaels, superviviente de Jeffrey Epstein, ha acusado públicamente a Buckingham Palace de haber ignorado pruebas contundentes contra el exduque de York. En 2020, el lord chambelán recibió un paquete con 30.000 correos electrónicos que vinculaban a Andrés con actividades sospechosas. Las autoridades reales no iniciaron ninguna acción interna ni alertaron a la justicia. Este silencio prolongado ha reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional, la impunidad estructural y el costo humano de proteger a figuras poderosas.
¿Recibió Buckingham Palace pruebas incriminatorias en 2020?
Sí. En mayo de 2020, el lord chambelán, máxima autoridad administrativa de la monarquía, recibió un voluminoso archivo digital. Contenía correos electrónicos extraídos de los servidores de Epstein y Ghislaine Maxwell. Algunos mensajes aludían directamente a encuentros entre Andrés y menores, así como a su rol como enviado comercial del Reino Unido.
Estos documentos no eran meras especulaciones. Formaban parte de la evidencia presentada en tribunales estadounidenses. Su recepción por la casa real no fue registrada públicamente ni derivada a las autoridades competentes.
El papel del lord chambelán
El lord chambelán no es un funcionario menor. Supervisa la integridad ética y legal de las actividades reales. Su recepción del archivo implica conocimiento institucional formal. No actuar constituye una omisión grave bajo el Derecho Penal Británico y las normas de conducta pública del Ministerial Code.
¿Por qué no se activó una investigación interna?
La casa real alega “neutralidad política” y “independencia del poder judicial”. Pero esta postura choca con el Duty of Care (deber de cuidado) exigido a instituciones que emplean o respaldan a funcionarios públicos. Andrés ocupaba un cargo oficial hasta 2019. Su conducta afectaba directamente la reputación del Estado y la confianza ciudadana.
El silencio institucional tuvo consecuencias reales: Virginia Giuffre murió en 2023 sin ver reconocida su versión por la corona. Su testimonio fue validado por un juez federal en Nueva York en 2022.
El costo económico del silencio
La inacción generó pérdidas tangibles. El gasto público en seguridad para Andrés se elevó a £3.2 millones entre 2011 y 2023. Tras su retiro, el erario británico ahorró un 78 % anual. Además, el daño reputacional se tradujo en una caída del 42 % en el apoyo ciudadano a la monarquía entre 2019 y 2025, según YouGov.
¿Qué dice el marco legal británico sobre la omisión de pruebas?
El Criminal Justice Act 1987 y la Serious Crime Act 2007 imponen obligaciones de notificación ante indicios de delitos graves. Ocultar o ignorar pruebas relacionadas con abuso sexual de menores puede constituir encubrimiento (misprision of felony), delito castigado con hasta siete años de prisión.
Aunque la corona goza de inmunidad formal, sus funcionarios no están exentos. El lord chambelán actúa como agente del Estado, no como representante personal del monarca.
La brecha entre protocolo y responsabilidad
El Royal Protocol no prevé mecanismos de rendición de cuentas ante denuncias de abuso. Esto contrasta con el Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006, que exige a todas las instituciones públicas británicas implementar protocolos de protección. Buckingham Palace no ha publicado su plan de cumplimiento desde 2018.
¿Cómo afecta esto a las víctimas hoy?
Jess Michaels no busca compensación económica. Exige reconocimiento institucional. Su denuncia forma parte de una estrategia colectiva: 14 supervivientes han presentado demandas conjuntas ante la High Court of Justice en 2026, citando la inacción del palacio como agravante.
La justicia británica ya ha admitido la admisibilidad de los correos de 2020 como prueba. Su análisis podría reabrir la investigación penal cerrada en 2022 por la Crown Prosecution Service.
Datos Clave
- El lord chambelán recibió 30.000 correos en mayo de 2020, con indicios de conducta ilegal de Andrés.
- Virginia Giuffre fue validada judicialmente en 2022, pero la casa real no emitió reconocimiento público.
- El gasto en seguridad de Andrés alcanzó £3.2 millones antes de su retiro.
- La confianza ciudadana en la monarquía cayó un 42 % entre 2019 y 2025.
- El Serious Crime Act 2007 obliga a reportar indicios de delitos graves, incluso para funcionarios reales.
