Iberdrola presiona para reformar el modelo de gestión de la red de alta tensión en España. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, denuncia que Red Eléctrica de España concentra funciones incompatibles: es operador del sistema eléctrico y gestor exclusivo de la red de transporte, además de pertenecer a un grupo cotizado con intereses comerciales. Esta estructura frena la inversión, limita la competencia y obstaculiza la transición energética.
¿Qué problema identifica Iberdrola con Red Eléctrica?
Iberdrola señala una duplicidad funcional estructural: Red Eléctrica actúa como autoridad técnica del sistema y, al mismo tiempo, como empresa comercial con accionistas privados. El Estado posee el 20 %, pero el resto está en manos del mercado. Esto genera conflictos de interés reales en decisiones sobre acceso a la red, priorización de inversiones o asignación de capacidad.
En países donde Iberdrola opera —como Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Australia— las funciones están separadas. Allí, el operador del sistema (TSO) es independiente de los propietarios de las redes de transporte. En España, esa separación no existe.
¿Por qué esto frena la inversión en redes?
La falta de competencia reduce la presión por eficiencia. Sin mecanismos de licitación o apertura a terceros, no hay incentivos para optimizar costes ni acelerar obras. Iberdrola ya tiene 50.000 millones de euros en redes de distribución y 20.000 millones en transporte fuera de España. En contraste, en el mercado doméstico, su capacidad de inversión en transporte está bloqueada por la exclusividad legal de Red Eléctrica.
¿Qué impacto económico tiene esta exclusividad?
La red de alta tensión es clave para integrar energías renovables, conectar proyectos eólicos y solares y soportar la electrificación del transporte y la industria. Pero actualmente, Iberdrola y otras compañías reportan restricciones regulatorias que impiden entregar energía a clientes que la demandan. Eso significa pérdidas de ingresos, retrasos en proyectos y riesgo de barreras técnicas a la descarbonización.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la inversión anual en redes eléctricas en España está un 35 % por debajo de la media de la UE. La concentración en un solo operador limita la capacidad de respuesta ante picos de demanda y reduce la resiliencia del sistema.
¿Qué propone Iberdrola como alternativa?
Galán no pide la desaparición de Red Eléctrica, sino su reestructuración funcional. Sugiere separar claramente: el operador del sistema eléctrico (función pública, neutral y regulada) y los gestores de redes de transporte (actividad económica sujeta a licitación y supervisión independiente). Esto permitiría abrir la construcción y operación de nuevas infraestructuras a múltiples inversores, bajo estándares técnicos y tarifarios definidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
¿Qué dice el marco legal actual?
La Ley del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000 reservan la gestión de la red de transporte a Red Eléctrica. La Directiva Europea 2009/72/CE, sin embargo, exige la separación efectiva entre funciones de operación y propiedad. España ha implementado la llamada separación contable, pero no la separación funcional ni propietaria, como exigen los tribunales comunitarios en sentencias recientes.
En 2025, la Comisión Europea lanzó un informe crítico sobre la falta de progresos en la separación real del TSO español. Esto pone a España en riesgo de sanciones y afecta su acceso a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, condicionados a reformas estructurales del sector energético.
¿Qué ocurre con los clientes y la seguridad del suministro?
Las restricciones no son teóricas. En 2025, al menos 12 parques eólicos en Castilla y León y Galicia no pudieron conectarse a la red por capacidad saturada y ausencia de planes de expansión ágiles. Empresas industriales han tenido que retrasar sus planes de electrificación por imposibilidad de garantizar suministro. Esto afecta la competitividad nacional y los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Datos Clave
- Red Eléctrica gestiona el 100 % de la red de alta tensión en España bajo régimen de monopolio legal.
- Iberdrola proyecta 70.000 millones de euros en activos regulados globales para 2028, pero cero en transporte en España.
- La inversión anual en redes eléctricas en España es un 35 % inferior a la media de la UE.
- La UE ha advertido a España por incumplimiento de la separación funcional del operador del sistema.
- Al menos 12 proyectos renovables quedaron bloqueados en 2025 por limitaciones de conexión.
El debate ya no es técnico: es económico, legal y estratégico. La apertura de la red de alta tensión no es una propuesta corporativa, sino una condición para cumplir con los compromisos climáticos, atraer inversión extranjera y garantizar un suministro fiable en una economía cada vez más eléctrica.
