La delimitación de la frontera en el Atlántico entre Canarias y Marruecos ya no es solo un asunto jurídico. Es una prioridad estratégica para la seguridad energética, la soberanía de materias primas críticas y la competitividad económica de la UE. El informe de la Cátedra Juan Miguel Sanjuán advierte que el retraso en un acuerdo bilateral afecta directamente a inversiones, pesca sostenible y proyectos de hidrógeno verde.
¿Por qué la frontera en el Atlántico es clave para la UE?
La proximidad geográfica entre Lanzarote y el norte de Marruecos —menos de 60 millas náuticas— impide que ambos Estados ejerzan plenamente sus derechos sobre una Zona Económica Exclusiva (ZEE). Sin un acuerdo, persiste un área de solapamiento que frena la explotación regulada de recursos.
Este vacío jurídico limita la certeza para inversores europeos. La UE necesita garantías legales para financiar infraestructuras submarinas, cables de fibra óptica y parques eólicos marinos. Además, la transición energética depende de minerales como cobalto, manganeso y níquel, presentes en los fondos del Monte Tropic y la Provincia de los Montes Submarinos Canarios.
¿Qué recursos están en juego en la zona de solapamiento?
La zona de solapamiento no es un vacío. Alberga recursos con impacto directo en la cadena de valor tecnológica y verde:
- Materias primas críticas: Depósitos polimetálicos en montes submarinos, esenciales para baterías y electrónica.
- Potencial energético: Gas natural y reservas de hidrocarburos aún no explotadas, además de oportunidades para hidrógeno verde offshore.
- Biodiversidad marina estratégica: Áreas clave para pesca artesanal y científica, con impacto en la seguridad alimentaria regional.
El cambio de paradigma: de la pesca a la tecnología
Hasta hace una década, el conflicto giraba en torno a la actividad pesquera. Hoy, la competencia global por minerales y energía redefine el valor del Atlántico oriental. Canarias deja de ser una periferia y se convierte en un nodo geoestratégico.
¿Qué marco legal regula la delimitación?
España y Marruecos deben negociar bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). No existe un tratado bilateral vigente. Cualquier acuerdo debe respetar principios de equidad, geografía y uso sostenible.
La UE no es parte directa, pero impulsa la negociación mediante fondos como el Instrumento de Vecindad y Cooperación. El retraso en el acuerdo afecta también al Plan de Acción Canarias 2030, que incluye proyectos de conectividad submarina y descarbonización portuaria.
¿Qué obstáculos políticos persisten?
- Diferencias en la interpretación de líneas de base costera.
- Ausencia de un marco de cooperación técnica permanente.
- Prioridades divergentes: Marruecos enfatiza soberanía y desarrollo industrial; España, seguridad jurídica y alineación con la UE.
¿Cuál es el impacto económico real?
La incertidumbre jurídica frena al menos 1,200 millones de euros en proyectos identificados por el Gobierno de Canarias y la Comisión Europea. Incluyen:
- Parques eólicos flotantes en aguas profundas.
- Instalaciones de captura y almacenamiento de CO₂.
- Centros de investigación en minería submarina sostenible.
Datos Clave
- La distancia entre Lanzarote y la costa marroquí es de 58 millas náuticas, muy por debajo del umbral de 200 millas para una ZEE plena.
- El Monte Tropic alberga concentraciones de manganeso y cobalto superiores al 25 % de las reservas conocidas en el Atlántico oriental.
- La UE clasifica el 98 % de estos minerales como estratégicos y de alta vulnerabilidad de suministro.
- Sin acuerdo, Canarias no puede acceder a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para proyectos marinos transfronterizos.
- El informe de la Cátedra Juan Miguel Sanjuán estima que un acuerdo antes de 2030 podría generar 4.200 empleos directos en el archipiélago.
La delimitación marítima ya no es una cuestión técnica. Es una palanca para la soberanía tecnológica, la seguridad energética y la cohesión territorial de la UE. La ventana de oportunidad se cierra con cada año de inacción. La negociación no es opcional: es una condición para el desarrollo sostenible del Atlántico.
