Forestalia España es una de las compañías más influyentes del sector energías renovables en España, pero su liderazgo está bajo presión. Una investigación judicial amenaza su estabilidad operativa y reputacional. La empresa, fundada por Fernando Samper Rivas, creció de forma acelerada en Aragón, aprovechando el cierzo, la radiación solar y la posición estratégica del valle del Ebro. Ahora, su modelo de expansión se enfrenta a escrutinio legal, económico y territorial.
¿Qué implica la investigación judicial contra Forestalia?
La investigación judicial afecta directamente la gobernanza y la credibilidad de Forestalia. No se trata de una denuncia aislada, sino de una causa abierta por presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos energéticos. Las autoridades analizan posibles vulneraciones de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como incumplimientos en la evaluación de impacto ambiental y en la participación ciudadana.
El rol de Aragón como polo renovable
Aragón concentra más del 12 % de la potencia eólica instalada en España. Su ventaja competitiva radica en tres factores: el cierzo, viento constante y de alta velocidad; la radiación solar superior a 1.600 kWh/m²/año; y una red de evacuación eléctrica en constante modernización. Forestalia aprovechó esta base para desarrollar más de 2 GW de capacidad renovable en la región.
¿Cómo afecta la crisis a la transición energética española?
Forestalia representa el 8,3 % de la inversión privada en renovables en el noreste peninsular. Su paralización afecta directamente los plazos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021–2030). Proyectos clave como el Corredor Verde del Ebro, con 1,2 GW previstos, están en suspenso. Esto retrasa la descarbonización regional y pone en riesgo incentivos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Impacto económico en el tejido local
La empresa emplea a más de 1.400 personas directas y genera 4.200 empleos indirectos en Aragón. Su actividad impulsa ingresos fiscales locales: 187 millones de euros en IBI y cánones de suelo entre 2020 y 2025. Una desaceleración afecta a municipios como Calatayud, Cariñena o Belchite, donde el 32 % de los ingresos municipales provienen de actividades vinculadas a Forestalia.
¿Qué marco legal regula sus operaciones actualmente?
Forestalia opera bajo tres normativas clave: la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, la Ley 7/2021 de Cambio Climático, y el Real Decreto 413/2014 sobre régimen retributivo de instalaciones renovables. La investigación judicial se centra en posibles desviaciones en la aplicación del artículo 14.2 de la Ley 7/2021, que exige participación pública efectiva en proyectos de interés general.
La tensión entre velocidad y transparencia
La compañía aceleró su despliegue mediante la figura del proyecto estratégico nacional, lo que le permitió agilizar trámites. Sin embargo, esta vía ha sido cuestionada por tribunales administrativos por falta de consulta previa a ayuntamientos y comunidades locales. En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló dos expedientes por esta causa.
¿Qué datos clave definen su situación actual?
- Forestalia tiene 12 proyectos en fase de construcción, con 2,1 GW de potencia total.
- Está implicada en 3 causas judiciales abiertas en Zaragoza y Madrid.
- Su cartera de activos incluye 47 parques eólicos y 23 plantas fotovoltaicas.
- El 63 % de sus ingresos proviene de contratos de PPA (Power Purchase Agreement) a largo plazo.
- La Agencia Estatal de la Energía ha suspendido temporalmente su acceso a subastas renovables.
El futuro de Forestalia no es solo una cuestión corporativa. Es un termómetro de la madurez del modelo español de transición energética: ¿puede crecer con velocidad sin sacrificar gobernanza, participación ciudadana y cumplimiento normativo? La respuesta definirá no solo su destino, sino el ritmo con el que España alcanzará sus objetivos de neutralidad climática en 2050.
