La Policía Nacional ha desarticulado en Alicante una trama criminal familiar especializada en estafas inmobiliarias. Tres personas fueron detenidas y una cuarta investigada. El fraude afectó a cinco víctimas y superó los 1,2 millones de euros. Las víctimas eran, en su mayoría, extranjeras con escasa familiaridad con el sistema legal español.
¿Cómo operaba la trama de estafas inmobiliarias en Alicante?
Los investigados actuaban bajo una fachada de confianza y profesionalidad. Una de las detenidas, residente en Alicante y bilingüe en ucraniano, ruso y español, se presentaba como asesora inmobiliaria y gestora de residencia legal. Aprovechó su dominio lingüístico para ganarse la confianza de una mujer ucraniana en 2018.
Falsas promesas y contratos inexistentes
Tras fracasar la primera operación, la investigada ofreció nuevas oportunidades: reservas de viviendas, contratos de alquiler con opción a compra y gestión bancaria. Ninguna de esas operaciones se concretó. Todos los pagos fueron desviados a cuentas controladas por los sospechosos.
Captación por redes sociales y cercanía
La trama usó a la primera víctima como puerta de entrada. A través de su círculo social, identificaron y contactaron a otras personas vulnerables. No hubo plataformas digitales ni anuncios públicos: la estrategia fue puerta a puerta y boca a boca, basada en la aparente legitimidad de la intermediaria.
¿Qué consecuencias legales y económicas tuvo la estafa?
El impacto trascendió lo financiero. Una víctima otorgó un poder notarial para gestionar un préstamo y propiedades que nunca existieron. Otra familia vivió meses en una vivienda que creía haber comprado, solo para descubrir, al regresar, que objetos de valor habían desaparecido.
Procesos judiciales y riesgos sistémicos
Una mujer de 75 años enfrenta un proceso de embargo por deudas contraídas bajo falsas asesorías. Esto evidencia cómo las estafas inmobiliarias no solo roban dinero, sino que generan responsabilidades legales inexistentes para las víctimas.
¿Qué marco legal protege a los compradores en España?
El Código Penal español tipifica como delito de estafa (artículo 248) la obtención de bienes mediante engaño. Además, la Ley de Protección al Consumidor exige transparencia en servicios inmobiliarios. Sin embargo, los estafadores evadieron controles al operar sin registro como agencias, sin licencia de intermediación inmobiliaria, y sin facturación.
Falta de supervisión en intermediarios no profesionales
La trama actuó como particulares, no como empresa. Esto evitó la fiscalización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria (API). La normativa actual no obliga a particulares a cumplir con los mismos controles que los profesionales.
¿Qué datos clave deben conocer los compradores extranjeros?
- El fraude se inició en 2018, pero no fue detectado hasta denuncias acumuladas en 2025.
- Las víctimas fueron mayoritariamente extranjeras de habla rusa o ucraniana, con dificultades para acceder a asesoría jurídica en su idioma.
- El monto más alto defraudado en un solo caso fue de 800.000 euros.
- La trama usó poderes notariales, contratos simulados y cuentas bancarias personales para ocultar el fraude.
- La UDEF de Alicante lideró la investigación, con apoyo del Equipo de Delincuencia Telemática para rastrear movimientos financieros.
Datos Clave
- 1,2 millones de euros: importe total defraudado entre cinco víctimas.
- 52 años: edad máxima de los detenidos; la investigada más anciana tiene 67.
- 2018–2026: periodo de actividad comprobada de la trama.
- 0% de operaciones reales: ninguna vivienda fue adquirida, reservada ni alquilada.
- 4 personas: tres detenidas y una investigada; todas con vínculos familiares directos.
El caso refleja una brecha crítica: la falta de mecanismos de verificación para intermediarios no registrados. En un contexto de alta demanda de vivienda en zonas turísticas como Alicante, los compradores extranjeros siguen siendo blanco fácil. La Agencia Tributaria y las comunidades autónomas están reforzando controles sobre contratos de arras y depósitos en cuentas vinculadas. Sin embargo, la prevención sigue dependiendo de la educación financiera y la exigencia de certificados de profesionalidad antes de cualquier pago.
