En el barrio de La Fuensanta, en València, se ha desatado una crisis habitacional que afecta a numerosas familias en situación de vulnerabilidad. Estas familias están enfrentando presiones para abandonar sus hogares debido a la caducidad del escudo social que, hasta ahora, les ha protegido de desahucios y cortes de servicios básicos. La situación se ha agravado con la reciente adquisición de sus viviendas por parte de un fondo de inversión ruso, Georgy City Finance, que ha comenzado a implementar tácticas de hostigamiento para acelerar la expulsión de inquilinos.
Las familias afectadas han denunciado que, a pesar de cumplir con sus obligaciones de pago, han sido objeto de amenazas y acoso por parte de representantes del fondo. Este tipo de hostigamiento incluye llamadas insistentes, documentos intimidatorios dejados bajo las puertas y visitas de personas que buscan intimidar a los inquilinos. Un caso emblemático es el de Victoria Pedrajas, madre de una menor, quien ha sido víctima de este acoso constante.
La situación no es aislada, ya que organizaciones vecinales y entidades de apoyo han señalado que este patrón de comportamiento se repite en otras comunidades donde la vivienda se trata como una mercancía y no como un derecho fundamental. Las familias en La Fuensanta se encuentran atrapadas en un ciclo de vulnerabilidad, con escasas opciones para acceder a alquileres de mercado y un parque público de vivienda prácticamente inexistente. Las organizaciones que apoyan a estas familias, como Psicólogas sin Fronteras y la Asociación de Vecinos de Fuensanta, han hecho un llamado urgente a las administraciones para que intervengan y protejan a los inquilinos.
Las demandas incluyen la necesidad de una intermediación inmediata para frenar las presiones y garantizar la estabilidad residencial de las familias vulnerables. También se solicita el ejercicio del derecho de tanteo y retracto para que estas viviendas pasen a manos públicas, así como políticas que prioricen el derecho a la vivienda sobre el beneficio económico. Las familias han dejado claro que «la vivienda no es un privilegio, es un derecho» y que el barrio no debe ser abandonado.
La caducidad del escudo social, un Real Decreto-ley que ha protegido a miles de hogares desde su implementación durante la pandemia de COVID-19, se ha convertido en un tema de preocupación. Este escudo ha evitado el desalojo de cerca de 60,000 hogares en sus primeros cuatro años, lo que representa el 24% de los procedimientos de desahucio en todo el país. Sin embargo, su vencimiento el 31 de diciembre podría dejar a miles de personas en la calle, especialmente a aquellas que ya enfrentan dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas.
Ante esta situación, diferentes organizaciones han convocado una manifestación en València para el 20 de diciembre, exigiendo la prórroga del Real Decreto que ha sido vital para la protección de los hogares vulnerables. Aunque algunos partidos políticos han mostrado disposición para extender la medida, la falta de consenso, especialmente con la formación Junts, podría complicar su renovación.
La crisis habitacional en La Fuensanta es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas comunidades en España. La especulación inmobiliaria y la falta de políticas efectivas en materia de vivienda han llevado a que muchas familias se encuentren en situaciones precarias, sin acceso a un hogar seguro y digno. Las organizaciones sociales advierten que este problema no se resolverá sin una intervención clara y decidida por parte de las administraciones, que deben priorizar el bienestar de las personas sobre los intereses económicos de los fondos de inversión.
La situación en La Fuensanta es un llamado a la acción para todos aquellos que creen en el derecho a la vivienda. Las familias afectadas no solo luchan por mantener sus hogares, sino que también representan una lucha más amplia por la justicia social y el derecho a una vida digna. La comunidad se une en un esfuerzo por visibilizar esta problemática y exigir soluciones que garanticen el acceso a la vivienda como un derecho fundamental, no como un privilegio reservado para unos pocos.
