El gobierno municipal de València ha puesto en marcha el Plan + Vivienda, que busca desarrollar 954 pisos de protección pública en la ciudad. Este plan incluye la activación de solares municipales a través del derecho de superficie y permutas de suelo por vivienda, una estrategia que combina esfuerzos públicos y privados para acelerar la construcción de inmuebles. Sin embargo, esta operación ha generado un malestar considerable entre los ciudadanos afectados, especialmente en el barrio de Patraix.
La reciente permuta aprobada por el Ayuntamiento de València implica el intercambio de 39 viviendas construidas en Patraix, destinadas al alquiler para jóvenes, a cambio de cuatro parcelas municipales que permitirán la construcción de 200 nuevas viviendas de protección por parte de promotores privados. Este edificio, que se encuentra en la calle José Roca Coll, 19, está programado para finalizar en el primer semestre de 2026 y cuenta con 39 pisos, 30 plazas de garaje y 21 trasteros, abarcando una superficie total de 6.115 metros cuadrados.
La empresa promotora, Domio Desarrollos, ha sido la encargada de llevar a cabo esta permuta. Aunque no es la primera vez que el Ayuntamiento realiza un intercambio de este tipo, esta operación ha suscitado un descontento notable entre las familias que habían reservado los pisos. En 2023, Domio había colocado un cartel anunciando la disponibilidad de estos pisos de protección oficial, lo que atrajo el interés de numerosas familias. En octubre de ese año, la empresa retuvo 1.000 euros de cada interesado como prerreserva, lo que generó expectativas de que los contratos de compraventa se formalizarían pronto.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, en julio de 2024, la empresa decidió cancelar las prerreservas y devolver el dinero a los interesados, argumentando que habían cambiado de opinión. Álvaro Díaz, uno de los afectados, expresó su frustración, sugiriendo que la empresa podría haber estado esperando un aumento en los precios para vender las viviendas a un costo más alto. La prerreserva incluía una cláusula que permitía a la empresa resolverla, pero muchos de los interesados se sintieron engañados y decepcionados.
El mercado inmobiliario en València ha estado en constante cambio, y el precio de las viviendas ha aumentado considerablemente. En 2024, el Consell aprobó un decreto que elevó el precio máximo de venta de las viviendas de protección oficial, lo que ha generado aún más inquietud entre los potenciales compradores. La introducción del «módulo dinámico», que permite ajustar el precio de las viviendas de protección en función del mercado, ha sido una medida que aún no ha sido implementada de manera efectiva, lo que ha dejado a muchos en una situación incierta.
A pesar de la frustración de los afectados, algunos decidieron no aceptar la devolución del dinero, esperando que la situación mejorara. Sin embargo, la empresa continuó comunicándose con ellos, sugiriendo que serían incluidos en una lista para futuras promociones de viviendas de protección oficial. A medida que pasaba el tiempo, la mayoría de los interesados se desinteresaron de la protesta, ya que la empresa había actuado dentro de los límites legales.
La situación se complica aún más cuando se considera que, al final, los precios de las viviendas en Patraix aumentaron en aproximadamente 50.000 euros desde que se realizó la prerreserva. Muchos de los afectados se vieron obligados a buscar otras opciones, a menudo a precios mucho más altos. Álvaro, quien finalmente encontró una vivienda de renta libre en el mismo barrio, tuvo que pagar 100.000 euros más de lo que habría costado el piso de protección oficial.
Desde la perspectiva de la empresa promotora, se argumenta que la prerreserva era simplemente un ingreso en cuenta y no garantizaba un contrato de compraventa. Aseguran que todos los depósitos fueron devueltos con intereses y que se ofreció a los afectados la posibilidad de estar en una lista para futuras promociones. La empresa defiende que su decisión de explorar otras vías de negocio fue una medida legal y justificada.
Por su parte, el Ayuntamiento ha manifestado que no estaba al tanto de las prerreservas existentes en los pisos adquiridos. Esta falta de comunicación ha generado aún más descontento entre los ciudadanos, quienes sienten que sus derechos no han sido respetados en este proceso. La situación en Patraix es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta la política de vivienda en València, donde la necesidad de soluciones habitacionales se enfrenta a la complejidad del mercado inmobiliario y las decisiones de los promotores privados.
