Casa 47, la entidad estatal de vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha avanzado en la selección de operadores para gestionar su parque público de alquiler. El proceso, valorado en 62,31 millones de euros, prioriza la calidad del servicio y la alineación con los objetivos sociales del Gobierno. Doce empresas presentaron ofertas. Cuatro fueron descartadas en la fase cualitativa, donde se evalúan compromisos técnicos, experiencia en gestión social y transparencia operativa.
¿Qué empresas fueron eliminadas de la licitación de Casa 47?
La mesa de contratación descartó a Hipoges, Dovalue, Ahora Asset Management y Alquiler Seguro. Ninguna alcanzó el umbral mínimo en los criterios cualitativos, que representan 48 de los 100 puntos totales. Estos criterios incluyen capacidad de atención al inquilino, protocolos de reubicación, planes de mantenimiento preventivo y cumplimiento de estándares de accesibilidad.
Hipoges: readmisión judicial sin impacto operativo
Aunque el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ordenó readmitir su oferta tras su exclusión inicial —por su vinculación con el fondo estadounidense KKR—, Hipoges no superó la evaluación técnica. Su puntuación en la parte subjetiva fue insuficiente en los tres lotes donde compitió. Su historial en gestión de activos tóxicos y su exposición mediática en conflictos geopolíticos afectaron su percepción de idoneidad institucional.
Dovalue y Ahora Asset Management: especialización en recobro, no en alquiler social
Ambas empresas operan como servicers especializados en la recuperación de préstamos morosos. Su modelo se centra en la ejecución de garantías, no en la gestión sostenible de viviendas en alquiler. En los tres lotes donde participaron, obtuvieron puntuaciones inferiores al 30 % en criterios como atención a colectivos vulnerables o adaptación de viviendas para personas con discapacidad.
¿Por qué se priorizó la evaluación cualitativa sobre la económica?
El Real Decreto-Ley 7/2023, de medidas urgentes para reforzar la protección del derecho a la vivienda, exige que los contratos de gestión pública prioricen la calidad del servicio sobre el precio. Casa 47 aplicó este marco al asignar 48 puntos a criterios cualitativos, 32 a técnicos y solo 20 al precio. Esto refleja un cambio de paradigma: ya no se contrata por el menor coste, sino por la mayor garantía de estabilidad residencial.
El impacto económico del parque público de alquiler
El contrato afecta a más de 15.000 viviendas previstas para incorporarse al parque entre 2026 y 2030. La mayor parte proviene de Sareb, pero también incluye inmuebles del Patrimonio Nacional, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y nuevas construcciones con fondos europeos NextGenerationEU. La gestión eficiente evitará desahucios, reduce la rotación de inquilinos y optimiza el uso de los fondos públicos.
¿Qué implica la exclusión de fondos de inversión extranjeros?
La eliminación de empresas vinculadas a fondos extranjeros no responde a una prohibición legal, sino a una evaluación de riesgo reputacional y operativo. El Gobierno ha vinculado públicamente a algunos fondos con prácticas especulativas y desalojos masivos. Casa 47 aplicó el principio de idoneidad moral, contemplado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para descartar ofertas con antecedentes de litigios con administraciones públicas o condenas por vulneración de derechos fundamentales.
Datos Clave
- El contrato de gestión abarca cuatro lotes regionales, con criterios homogéneos de evaluación.
- La fase cualitativa representa 48 de los 100 puntos totales, con énfasis en atención al inquilino y sostenibilidad social.
- Hipoges, Dovalue, Ahora Asset Management y Alquiler Seguro fueron descartadas por no alcanzar el umbral mínimo en esta fase.
- El marco legal aplicado incluye el Real Decreto-Ley 7/2023 y el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Más del 70 % de las viviendas a gestionar provienen de Sareb y patrimonio estatal transferido.
¿Cómo afecta esto al acceso a la vivienda en España?
La selección de gestores públicos alinea la gestión inmobiliaria con los objetivos del Plan Estatal de Vivienda 2022–2025. Prioriza la estabilidad residencial, la prevención de desahucios y la inclusión de colectivos vulnerables. El rechazo a operadores con historial de recobro agresivo refuerza la transición hacia un modelo de alquiler público con enfoque social, no financiero.
