El apagón del 28 de abril de 2025 sigue generando repercusiones legales, económicas y regulatorias en España. Un año después, Red Eléctrica de España (REE) mantiene su postura de no asumir responsabilidad. La CNMC ha abierto un expediente sancionador por una presunta infracción muy grave, pero REE insiste en que cumplió con la normativa vigente. No se han reconocido responsabilidades legales ni se han constituido provisiones contables al cierre del primer trimestre de 2026.
¿Qué causó el apagón del 28 de abril de 2025?
El colapso afectó a más del 90 % del territorio español durante más de 12 horas. Fuentes técnicas señalan una cascada de fallos en la gestión de la frecuencia del sistema eléctrico, desencadenada por la desconexión simultánea de varios bloques de generación. Sin embargo, REE atribuye el evento a factores externos: fallos en centrales de terceros, errores de comunicación entre operadores y condiciones meteorológicas extremas que afectaron a la red de transporte.
El informe técnico de REE no identifica fallos internos
El informe final de la Comisión de Expertos Independientes —publicado en diciembre de 2025— reconoce que REE actuó dentro de los márgenes de la Orden IET/1491/2013, pero critica la falta de protocolos de coordinación con generadores privados. No obstante, no establece responsabilidad directa de REE.
¿Qué dice la CNMC sobre la responsabilidad de REE?
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha abierto un expediente sancionador por presunta infracción muy grave. Los indicios apuntan a incumplimientos en la obligación de garantizar la seguridad del sistema, la gestión de la reserva técnica y la coordinación en tiempo real con productores.
Las sanciones podrían superar los 60 millones de euros
Si la CNMC confirma la infracción, la multa podría oscilar entre 6 y 60 millones de euros, según el artículo 72 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Además, se abre la puerta a reclamaciones civiles por daños económicos a empresas y administraciones.
¿Qué impacto económico ha tenido el apagón?
El corte eléctrico provocó pérdidas estimadas en 1.200 millones de euros, según el Banco de España. Sectores clave como la industria manufacturera, la logística y los centros de datos registraron paradas forzadas. Más de 140 empresas presentaron reclamaciones ante la Dirección General de Energía, aunque ninguna ha obtenido resolución judicial hasta la fecha.
El mercado eléctrico se volvió más volátil
Tras el apagón, el precio medio del mercado diario subió un 22 % en el primer trimestre de 2026. Los operadores incrementaron sus reservas de energía de respaldo, lo que elevó los costes operativos del sistema en un 18 % interanual.
¿Qué dice el marco legal sobre la responsabilidad de REE?
La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000 asignan a REE la función de operador del sistema eléctrico, con deberes de seguridad, coordinación y transparencia. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 1234/2022) establece que la responsabilidad es objetiva, pero no automática: exige demostrar un nexo causal entre la actuación de REE y el daño.
La defensa de REE se basa en el cumplimiento formal
Redeia argumenta que sus registros de control de frecuencia, tiempos de respuesta y comunicaciones con generadores están dentro de los umbrales legales. Su informe trimestral subraya que no se ha probado conducta atribuible ni incumplimiento normativo.
Datos Clave
- El apagón del 28 de abril de 2025 duró más de 12 horas y afectó a 46 millones de personas.
- La CNMC abrió un expediente sancionador por infracción muy grave, con multa potencial de hasta 60 millones de euros.
- REE no ha constituido provisión contable alguna al cierre del primer trimestre de 2026.
- El Banco de España estima pérdidas económicas directas de 1.200 millones de euros.
- El informe de expertos independientes no atribuye responsabilidad directa a REE, pero señala debilidades en la coordinación interoperatoria.
El caso sigue abierto. La resolución del expediente de la CNMC podría marcar un precedente en la aplicación de la responsabilidad objetiva en el sector energético español. Mientras tanto, el sistema eléctrico opera bajo nuevas directrices de supervisión reforzada y protocolos de alerta temprana obligatorios para todos los agentes.
