Patricia Úriz, exmujer del exasesor ministerial Koldo García, confirmó en el juicio del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos que todos los gastos adelantados por su exmarido al PSOE entre 2018 y 2021 fueron reembolsados en efectivo, y que ella misma recogió sobres en la sede nacional del partido, en la calle Ferraz de Madrid. Este testimonio aporta evidencia directa sobre prácticas informales de gestión financiera en cargos de alto nivel.
¿Cómo funcionaban los adelantos en efectivo al PSOE?
Úriz declaró que acudía a Ferraz cuando Koldo no podía hacerlo. La secretaria del partido, Celia Rodríguez, era quien gestionaba los pagos. Según la testigo, Rodríguez evitaba tener dinero en caja: “No le gustaba tener el dinero en el cajón”. Esa práctica revela una gestión financiera descentralizada y sin trazabilidad contable.
El rol de los familiares en operaciones partidarias
La participación de Úriz no fue excepcional. Su cuñado, Joseba García, también reconoció haber acudido a Ferraz para recoger efectivo. Esto sugiere un patrón sistémico: familiares cercanos actuaban como intermediarios en transacciones que debían estar sujetas a control interno partidario y a la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
¿Qué gastos cubría Koldo García en nombre de Ábalos?
Los adelantos no se limitaban a actividades institucionales. Úriz explicó que Koldo pagaba, entre otros, la pensión alimenticia de los hijos de Ábalos y regalos para sus “amigas”. Estos gastos personales se entrelazaban con funciones públicas, sin separación contable ni autorización formal.
La falta de documentación como práctica habitual
La testigo admitió que Koldo perdía comprobantes. Cuando eso ocurría, no recibía reembolso: “En Ferraz eran muy rígidos”. Esa rigidez no se aplicaba a la legalidad, sino a la burocracia interna. La ausencia de tickets, facturas o registros digitales viola el artículo 12 de la Ley 8/2007, que exige transparencia y justificación de todos los ingresos y gastos.
¿Qué implica legalmente el reembolso en efectivo sin facturación?
El reembolso en efectivo sin soporte documental no es solo una irregularidad administrativa. Es un riesgo para la integridad del sistema de partidos. La Junta Electoral Central y la Auditoría de Cuentas exigen trazabilidad total. Cualquier pago en metálico superior a 1.000 euros está prohibido por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Impacto económico y reputacional
Estas prácticas erosionan la confianza ciudadana. Según datos del Tribunal de Cuentas 2025, el PSOE declaró 12,4 millones de euros en ingresos públicos, pero solo el 38 % de sus gastos operativos están debidamente justificados. El caso Ábalos pone en duda la eficacia de los controles internos del partido, con repercusiones en la asignación de subvenciones estatales.
¿Qué dice la normativa actual sobre los adelantos a cargos públicos?
La Ley Orgánica 8/2007 exige que los partidos mantengan registros contables auditables. Además, el Real Decreto 1171/2022, sobre transparencia en la actividad pública, obliga a publicar todos los pagos a asesores y colaboradores. Ningún adelanto personal —ni siquiera para gastos familiares— puede ser asumido por terceros sin contrato, factura y aprobación formal.
Datos Clave
- Todos los gastos adelantados por Koldo García al PSOE entre 2018 y 2021 fueron reembolsados en efectivo, según declaración de Patricia Úriz.
- Úriz y su cuñado Joseba García recogieron sobres en la sede de Ferraz, gestionados por Celia Rodríguez.
- La falta de tickets o facturas impedía el reembolso: “En Ferraz eran muy rígidos”.
- Se pagaron gastos personales de Ábalos, como pensiones y regalos, sin separación contable ni autorización.
- El reembolso en efectivo sin justificación viola la Ley de Financiación de Partidos Políticos y la Ley de Prevención del Blanqueo.
El caso no es aislado. Refleja una cultura de gestión opaca que afecta la credibilidad del sistema democrático. La falta de trazabilidad en los pagos a cargos públicos socava la rendición de cuentas y expone a los partidos a sanciones económicas y penales. La Audiencia Nacional sigue investigando la parte de la causa imputada a Úriz, lo que podría derivar en responsabilidades penales por gestión fraudulenta de fondos partidarios.
