El 4 de julio de 2026 marca el 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense. Coincide con el 250º aniversario de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Esta doble efeméride revela una tensión histórica: la promesa de libertad política y mercado libre ya no se traduce en cohesión social ni en prosperidad compartida. La innovación sigue siendo líder global, pero su beneficio no se distribuye equitativamente. La fractura entre crecimiento macroeconómico y bienestar ciudadano se ha vuelto estructural.
¿Cómo ha evolucionado el modelo económico estadounidense desde su fundación?
El diseño original vinculaba soberanía popular con libertad económica. Hoy, ese vínculo se ha erosionado. La financiarización reemplazó la inversión productiva por la maximización de valor accionario. Las políticas fiscales y comerciales de las últimas décadas favorecieron la externalización de la producción manufacturera. El resultado: una caída del 45% al 11% en la participación de EE.UU. en la producción industrial global.
La paradoja del crecimiento sin movilidad
El país genera el 26% del PIB nominal global, pero solo el 4% de la población mundial. Sin embargo, el 50% más pobre de los estadounidenses acumula menos del 1% de la riqueza nacional. La desigualdad salarial se ha triplicado desde 1970. La movilidad intergeneracional ha caído un 40% en zonas postindustriales como Ohio o Michigan.
¿Qué papel juega la innovación tecnológica en esta crisis?
La inversión en inteligencia artificial lidera el mundo: EE.UU. concentra más de la mitad del capital global en modelos de frontera. Silicon Valley sigue siendo el ecosistema de capital riesgo más denso del planeta. Pero la innovación no se traduce en empleo estable ni en fortalecimiento del tejido productivo.
La brecha entre I+D y empleo industrial
76 de los 100 inventos más transformadores de los últimos 250 años nacieron en suelo estadounidense. Sin embargo, solo el 12% de los puestos creados por la IA son de alta cualificación y permanente. El resto corresponde a contratos temporales, plataformas digitales o externalización de servicios. La automatización ha eliminado 2,3 millones de puestos manufactureros desde 2000, sin reemplazo equivalente en sectores con protección laboral o sindical.
¿Cuál es el impacto legal y regulatorio de esta desconexión?
No existe una ley federal que obligue a reinvertir ganancias tecnológicas en producción nacional. El Título 15 del Código de los Estados Unidos, que regula el comercio y la competencia, no contempla mecanismos para vincular innovación con empleo estable. La Ley de Reforma Fiscal de 2017 redujo impuestos a corporaciones, pero no exigió contrapartidas en inversión productiva o salarios mínimos.
El vacío en la política industrial
EE.UU. carece de una política industrial coherente desde la década de 1980. A diferencia de la Unión Europea o China, no dispone de un marco legal que articule I+D, formación técnica y reindustrialización. El CHIPS and Science Act de 2022 es una excepción limitada: destina $52.000 millones a semiconductores, pero su impacto en empleo cualificado sigue siendo marginal (menos del 3% de los fondos se destinan a formación técnica).
¿Qué datos clave revelan la gravedad de la situación?
- El 11% de la producción manufacturera global corresponde a EE.UU., frente al 45% en 1950
- La desigualdad de ingresos ha alcanzado su nivel más alto desde 1928, según el Census Bureau
- El 40% de los trabajadores estadounidenses no tiene ahorros para emergencias, según la Reserva Federal
- La inversión en infraestructura productiva (puertos, ferrocarriles, redes eléctricas) representa solo el 1,3% del PIB, por debajo del 2,5% recomendado por la OCDE
- El 62% de los nuevos empleos creados entre 2020 y 2025 son de tipo gig, sin prestaciones ni protección sindical
El semiquincentenario no es solo una celebración. Es un diagnóstico. La legitimidad democrática depende de la percepción de justicia económica. La innovación tecnológica sin anclaje productivo y social no sostiene una república. La financiarización ha convertido al mercado en un fin en sí mismo, no en un medio para el bien común. El desafío no es técnico ni financiero: es institucional y ético.
