El terrorismo doméstico en España sigue siendo una amenaza estructural con raíces históricas y nuevas manifestaciones. Afecta la estabilidad institucional, la cohesión social y la confianza ciudadana en los mecanismos de protección estatal. Su evolución exige respuestas legales ágiles, cooperación internacional y prevención basada en evidencia.
¿Qué define el terrorismo doméstico según la legislación española?
El Código Penal español tipifica el terrorismo en los artículos 571 a 578. No existe una figura específica llamada «terrorismo doméstico», pero sí se castigan actos cometidos por grupos armados o individuos que buscan alterar el orden constitucional mediante violencia o intimidación.
La Ley Orgánica 1/2015, de protección de la seguridad ciudadana, amplió los instrumentos contra conductas terroristas. Incluye la criminalización de la glorificación, la apología y la participación en actividades de apoyo logístico a organizaciones ilegales.
Diferencia clave con el terrorismo internacional
El terrorismo doméstico se distingue por su origen interno, su objetivo político local y su operativa descentralizada. No requiere vínculos transnacionales para ser calificado como tal. La Audiencia Nacional ha sentado jurisprudencia al considerar actos aislados —como atentados con explosivos en sedes institucionales— como terrorismo si cumplen los requisitos de intimidación generalizada y finalidad ideológica.
¿Cómo ha evolucionado la amenaza tras la disolución de ETA?
La desaparición formal de ETA en 2018 no eliminó el riesgo terrorista. Grupos disidentes como ETA-Alfaro Vive o células autónomas han mantenido una actividad esporádica pero simbólicamente significativa. Además, han emergido nuevas formas de radicalización: el terrorismo de inspiración yihadista y el extremismo de ultraderecha.
En 2025, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reportó un aumento del 22 % en investigaciones por radicalización doméstica. La mayoría involucra redes digitales, uso de pi vídeos y canales de mensajería cifrada.
El rol de los medios y la desinformación
Contenidos audiovisuales manipulados —como los asociados a figuras públicas como Irene Villa— han sido instrumentalizados para reabrir heridas sociales. Su uso en contextos de negacionismo o justificación de la violencia activa procesos de retraumatización colectiva. Las plataformas digitales enfrentan presión regulatoria para aplicar protocolos de moderación proactiva, especialmente tras la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA).
¿Qué papel juegan las ONG y las organizaciones de la sociedad civil?
Entidades como Mensajeros de la Paz desarrollan programas de prevención primaria en entornos vulnerables. Su trabajo se centra en la educación emocional, la mediación comunitaria y la reconstrucción del tejido social afectado por la violencia.
Sin embargo, su labor enfrenta obstáculos: falta de financiación estable, escasa coordinación con cuerpos policiales y ausencia de indicadores de impacto validados. El Plan Nacional de Prevención del Terrorismo (2023–2027) reconoce su valor, pero asigna menos del 4 % del presupuesto total a iniciativas de este tipo.
Datos Clave
- El 68 % de los casos de radicalización doméstica detectados en 2025 tuvieron origen en entornos digitales.
- Desde 2019, se han abierto 147 causas judiciales por apología del terrorismo vinculadas a contenido audiovisual.
- El CNI identificó 32 células activas de extremismo doméstico en 2025, 11 más que en 2024.
- Las víctimas de terrorismo reciben apoyo psicosocial en menos del 35 % de las comunidades autónomas.
- El 73 % de los menores radicalizados tenían antecedentes de exclusión educativa o social.
¿Cuál es el impacto económico real del terrorismo doméstico?
El Banco de España estimó en 2025 una pérdida anual de 1.200 millones de euros por costes directos e indirectos. Incluye gastos en seguridad pública, pérdidas en turismo, desinversión en zonas sensibles y costos sanitarios y psicológicos a largo plazo.
El sector turístico —que representa el 12,4 % del PIB— reportó una caída del 3,7 % en reservas en ciudades con alta visibilidad mediática de actos violentos. Además, las empresas de tecnología enfrentan multas de hasta 6 % de su facturación global por incumplimiento del DSA en la gestión de contenido terrorista.
Marco legal vigente
La Ley Orgánica 12/2023, de reforma del régimen de protección a víctimas, introduce medidas de reparación integral. Obliga a las administraciones a garantizar acceso a justicia, salud mental y reinserción laboral. También establece la figura del defensor de víctimas del terrorismo, con competencias para supervisar la aplicación de derechos.
El Convenio de Estambul y la Directiva 2021/2260 de la UE refuerzan la protección transfronteriza y la cooperación judicial. España ha incorporado ambas normas mediante reformas puntuales en el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
