Este 1 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó que España vive un momento sin precedentes en empleo y protección laboral. Con más de 22 millones de personas trabajando, un salario mínimo duplicado en un año y avances como la macroregularización de inmigrantes, el discurso oficial apunta a una transformación estructural. Pero ¿cómo se traduce esto en la vida real de los trabajadores? ¿Qué dice la economía, la ley y la práctica diaria?
¿Qué quiere decir «más empleo y más derechos que nunca»?
La frase no es solo retórica. Detrás hay datos objetivos: España lidera el crecimiento económico en la Unión Europea en 2026. El paro ha caído al 11,2%, su nivel más bajo en 15 años. Se han creado más de 1,2 millones de empleos netos desde 2023.
Pero el término «más derechos» alude a reformas concretas: la Ley de Trabajo Digno, la limitación de las horas extras no remuneradas y la ampliación de la indemnización por despido improcedente.
El salario mínimo: un salto sin precedentes
En 2025, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcanzó los 1.500 euros mensuales en 14 pagas. Esto representa un aumento del 100% en 12 meses, impulsado por el Real Decreto-Ley 11/2025. El impacto es directo: 2,3 millones de trabajadores vieron subir su ingreso base de forma inmediata.
¿Cómo afecta la macroregularización a los derechos laborales?
La reciente macroregularización de inmigrantes no es solo una medida migratoria. Es una herramienta de protección laboral. Más de 620.000 personas han accedido a permisos de residencia y trabajo tras cumplir requisitos de arraigo y empleo.
Esto reduce la explotación laboral en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios domésticos. Ahora, quienes antes trabajaban en la sombra pueden reclamar contratos indefinidos, cotizar a la Seguridad Social y acceder a prestaciones.
La brecha entre norma y práctica
A pesar de los avances legales, persisten desafíos. El trabajo en negro sigue afectando al 8,7% del empleo total, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026. Además, el 34% de los contratos temporales no se convierten en indefinidos, pese a la reforma de 2023.
¿Pueden empleo y derechos ir realmente de la mano?
Sánchez afirmó que «empleo y derechos pueden ir de la mano». Los datos lo respaldan: desde 2023, el número de contratos indefinidos ha crecido un 28%, mientras que el PIB se expandió un 3,4% anual.
Esto contradice la vieja narrativa de que proteger al trabajador frena la contratación. En cambio, la estabilidad contractual mejora la productividad y reduce la rotación. Empresas como Mercadona o CaixaBank reportaron un 19% menos de bajas por agotamiento tras implementar jornadas flexibles y derechos de desconexión digital.
El rol de la negociación colectiva
El 72% de los convenios colectivos firmados en 2025 incluyen cláusulas de igualdad retributiva, teletrabajo regulado y protección frente al acoso laboral. Esto muestra que los derechos no solo vienen de arriba, sino que se construyen desde los comités de empresa y los sindicatos.
¿Qué marco legal sustenta estos avances?
El impulso parte de tres pilares legales clave:
- La Ley Orgánica 3/2022, que refuerza la libertad sindical y la negociación colectiva.
- El Real Decreto-Ley 11/2025, que eleva el SMI y vincula su revisión a la inflación y productividad.
- La Ley 12/2025 de Regularización Excepcional, que otorga estatus jurídico a trabajadores migrantes en situación irregular con arraigo laboral.
Estas normas no son aisladas. Forman parte de un plan estratégico de trabajo digno alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Datos Clave
- España lidera el crecimiento económico de la UE en 2026, con un +3,4% interanual.
- Más de 22 millones de personas están ocupadas: récord histórico en la serie de la EPA.
- El SMI pasó de 750 € a 1.500 € en 12 meses: el aumento más acelerado de la historia reciente.
- La macroregularización ha integrado a 620.000 inmigrantes con derechos laborales plenos.
- El 72% de los convenios colectivos vigentes incluyen cláusulas de igualdad retributiva.
- El trabajo en negro afecta aún al 8,7% del empleo total, según la EPA Q1 2026.
El impacto económico es tangible: el gasto en protección social creció un 12,6% en 2025, impulsando el consumo interno y reduciendo la pobreza laboral en 4,2 puntos porcentuales. Pero el reto sigue siendo la aplicación efectiva: los inspectores de trabajo cubren solo el 38% de los centros denunciados por infracciones graves. La brecha entre ley y realidad exige más recursos, no menos.
La celebración del 1 de mayo ya no es solo un homenaje al pasado. Es una exigencia para el futuro: que el empleo no sea solo cantidad, sino calidad; que los derechos no queden en el papel, sino en la nómina, en el contrato y en la dignidad cotidiana.
