Josep Pujol Ferrusola ha declarado ante la Audiencia Nacional que los fondos en sus cuentas andorranas provienen de la herencia de su abuelo, Florenci Pujol, fundador de Banca Catalana. Admitió recibir 751.250 euros. La Fiscalía le imputa 14 años de cárcel por asociación ilícita, falsificación de documento mercantil y fraude a Hacienda. Su defensa insiste en la legitimidad del origen patrimonial. El caso forma parte del juicio a la familia Pujol por presunta ocultación de capitales.
¿Qué dijo Josep Pujol Ferrusola sobre el origen del dinero en Andorra?
Josep Pujol Ferrusola afirmó que los 751.250 euros corresponden a su parte de la herencia de Florenci Pujol, fallecido en 1990. Explicó que el legado se repartió entre sus hermanos y su madre, Marta Ferrusola, con una cláusula explícita: “lo que podría surgir por la carrera política de mi padre”.
El imputado subrayó que asumió la gestión del capital tras una reunión familiar en los años 90, donde participaron sus hermanos y su tío Joaquim Pujol, encargado previo de las cuentas en Andorra.
El rol de Jordi Pujol Ferrusola en la gestión del patrimonio
Según Josep, su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, tomó el control del dinero “al 100 %” tras esa reunión. Solo años después se produjo el reparto formal entre los hermanos. Josep destacó su método de registro: “Lo escribía todo”. Aseguró que la Fiscalía seleccionó una sola página de sus libretas, ignorando otras pruebas, como una conversación con su tío sobre la deixa, término andorrano para legado.
¿Qué delitos se le imputan y cuál es su base legal?
La Fiscalía acusa a Josep Pujol Ferrusola de tres delitos graves:
- Asociación ilícita, bajo el artículo 284 del Código Penal español.
- Falsificación de documento mercantil, regulada en el artículo 390.
- Fraude a la Agencia Tributaria, tipificado en el artículo 305.
Estos cargos se enmarcan en la Ley General Tributaria y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal sostiene que desde 1990 participó activamente en una estructura familiar para ocultar capitales de origen no declarado.
El marco económico del caso
El caso trasciende lo personal: afecta la confianza en la transparencia de las élites políticas. Según datos del Ministerio de Hacienda (2025), las investigaciones sobre patrimonio oculto en paraísos fiscales generaron 1.200 millones de euros en ingresos tributarios adicionales el año pasado. Andorra, aunque no es un paraíso fiscal según la OCDE desde 2017, sigue siendo un foco de control por su régimen bancario discrecional y su proximidad geográfica.
¿Cómo se relaciona este juicio con la responsabilidad patrimonial de los cargos públicos?
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno exige a altos cargos declarar bienes y rentas. Jordi Pujol Soley no lo hizo durante su mandato como presidente de la Generalitat (1980–2003). Ahora, sus hijos responden por la gestión de activos vinculados a esa etapa.
El Tribunal Supremo ha reiterado que la ocultación sistemática de patrimonio por familiares de funcionarios públicos puede constituir cooperación activa en la infracción tributaria, incluso sin participación directa en la administración pública.
Datos Clave
- Josep Pujol Ferrusola recibió 751.250 euros de la herencia de Florenci Pujol, fundador de Banca Catalana.
- La Fiscalía pide 14 años de cárcel por asociación ilícita, falsificación de documento mercantil y fraude a Hacienda.
- El dinero se mantuvo en cuentas en Andorra desde principios de los años 90.
- Su hermano Jordi Pujol Ferrusola gestionó el capital “al 100 %” antes del reparto familiar.
- El caso se enmarca en la Ley de Transparencia y en la reforma tributaria de 2023 contra la evasión transfronteriza.
¿Qué impacto tiene este juicio en la política española y catalana?
Este proceso refuerza la exigencia de responsabilidad patrimonial extendida. No basta con que el cargo público declare sus bienes: sus familiares directos también están bajo escrutinio si gestionan activos vinculados a su carrera. El Tribunal de Cuentas ya ha abierto 17 expedientes similares en 2026 contra exaltos cargos y sus redes familiares. La sentencia podría sentar jurisprudencia sobre la carga de la prueba en delitos de origen patrimonial dudoso.
