La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre en Valencia ha tenido una nueva jornada de declaraciones, donde la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, han sido los protagonistas. Esta sesión se produce en un contexto de creciente presión política y social, a medida que se acerca el pleno de investidura que podría llevar a Juanfran Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat Valenciana.
Las comparecencias de Camarero y Mompó están marcadas por la necesidad de responder a las críticas sobre la gestión de la emergencia y las medidas adoptadas durante la dana. Cada uno de los comparecientes tiene un tiempo limitado de 20 minutos para ser interrogados por los miembros de la comisión, lo que añade un nivel de tensión y expectativa a la sesión.
### La gestión de la emergencia y las críticas a la Generalitat
Uno de los puntos más controvertidos de la comparecencia de Camarero fue su defensa de la gestión de la teleasistencia durante la emergencia. La diputada Marta Trenzano del PSOE cuestionó la efectividad de este servicio, recordando que se registraron 37 muertes relacionadas con la teleasistencia y seis en una residencia de Paiporta. Camarero, en respuesta, intentó desviar la atención hacia los avisos emitidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), argumentando que se habían activado todos los protocolos necesarios.
Sin embargo, la diputada insistió en que la información sobre la gravedad de la situación ya era conocida antes de que se activaran las medidas de emergencia. La falta de preguntas incisivas por parte de algunos miembros de la comisión permitió a Camarero presentar su versión de los hechos sin ser desafiada adecuadamente. Esto ha llevado a críticas sobre la falta de rigor en la investigación y la posibilidad de que se esté protegiendo a la Generalitat en lugar de buscar la verdad.
La tensión aumentó cuando se abordó la falta de medidas preventivas adoptadas por el Consell. Camarero defendió que se habían enviado protocolos a las residencias y que había estado en contacto con los centros sociales, pero muchos diputados cuestionaron la efectividad de estas acciones. La diputada de Compromís, Ibáñez, recordó que el alquiler en las zonas afectadas había aumentado un 35% y criticó la falta de aplicación de la ley de vivienda, lo que añade una capa adicional de complejidad a la gestión de la crisis.
### La política y la responsabilidad en la gestión de emergencias
Otro aspecto relevante de la comparecencia fue la discusión sobre la responsabilidad política en la gestión de la emergencia. Camarero fue acusada de intentar desviar la culpa hacia el Gobierno central, a pesar de que la competencia en materia de emergencias recae en la Generalitat. Esta estrategia ha sido criticada por varios grupos políticos, que argumentan que la Generalitat debe asumir su parte de responsabilidad en la gestión de la crisis.
La diputada de Vox, Ignacio Gil Lázaro, realizó un interrogatorio que permitió a Camarero exponer su argumentario oficial, que responsabiliza al Gobierno central de la falta de recursos y de la gestión de la emergencia. Sin embargo, esta línea de defensa fue cuestionada por otros miembros de la comisión, quienes señalaron que la Generalitat tiene la obligación de actuar de manera proactiva en situaciones de emergencia, independientemente de la respuesta del Gobierno central.
La falta de respuestas claras y la evasión de preguntas directas por parte de Camarero han generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos, que esperan una rendición de cuentas efectiva. La gestión de la dana ha dejado un saldo trágico y la necesidad de una investigación exhaustiva es más urgente que nunca.
A medida que se desarrollan las comparecencias, la presión sobre la Generalitat y sus representantes aumenta. La ciudadanía exige claridad y responsabilidad en la gestión de emergencias, especialmente en un contexto donde las vidas de muchas personas están en juego. La próxima semana, el pleno de investidura será un momento clave para observar cómo se desarrollan estos acontecimientos y si habrá consecuencias políticas para aquellos que han sido señalados por su gestión durante la dana.
