Francina Armengol, actual presidenta del Congreso y exjefa del Govern balear, ha negado rotundamente cualquier responsabilidad en las contrataciones de material sanitario con Soluciones de Gestión durante la pandemia. Su declaración forma parte del juicio sobre adjudicaciones vinculadas al comisionista Víctor de Aldama, que pone bajo la lupa la gestión de emergencia en las Islas Baleares.
¿Qué afirmó Armengol sobre su conocimiento de las contrataciones?
Armengol declaró que, como presidenta del Govern, desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo relacionado con compras sanitarias. Aseguró que la Presidencia no participa en decisiones técnicas de contratación.
La cadena de responsabilidad era clara
- Las decisiones correspondían exclusivamente a los órganos técnicos del IB-Salut.
- Estas actuaban bajo criterios técnicos y legales reglados, no bajo indicaciones políticas.
- Armengol tuvo conocimiento del expediente investigado únicamente tras su aparición en medios.
¿Cómo afectó el contexto de emergencia a las compras públicas?
El colapso global de suministros marcó la gestión sanitaria en 2020. Baleares, por su condición insular, enfrentó dificultades adicionales. El acceso a EPI, mascarillas y respiradores se volvió crítico.
El marco legal de emergencia aceleró los procesos
- Se activó la Ley de Contratos del Sector Público en su régimen de urgencia.
- Se permitió la contratación sin licitación pública bajo el artículo 120.2.
- El objetivo era garantizar la disponibilidad inmediata de material vital.
¿Qué papel tuvieron los intermediarios como Soluciones de Gestión?
En un escenario de escasez extrema, proliferaron empresas intermediarias. China concentraba el 70 % de la producción mundial de EPI. La demanda existente desbordaba con mucho los cauces habituales, según Armengol.
Los riesgos del mercado de emergencia
- Falta de transparencia en cadenas de suministro.
- Dificultad para verificar la solvencia y capacidad técnica de nuevos proveedores.
- Presión para cerrar contratos sin tiempo para auditorías previas.
¿Qué implica legalmente la desconexión entre Presidencia y contratación?
La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo establece que las funciones de dirección política no incluyen la gestión operativa de compras. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público refuerza la autonomía técnica de los órganos competentes.
Datos Clave
- Armengol no firmó ni autorizó ningún contrato con Soluciones de Gestión.
- La Presidencia del Govern no tiene competencia material en contratación sanitaria.
- El IB-Salut actuó bajo el régimen de urgencia legal y responsabilidad técnica.
- El juicio investiga decisiones de órganos ejecutivos, no de dirección política.
- El marco de emergencia no exime de responsabilidad, pero sí redefine los estándares de diligencia.
El caso refleja una tensión estructural: la necesidad de respuesta inmediata frente a los límites del control administrativo. Desde el punto de vista económico, las compras sanitarias en Baleares superaron los 120 millones de euros entre marzo y diciembre de 2020. Más del 35 % se canalizó a través de intermediarios, según datos del Tribunal de Cuentas.
La fiscalía investiga si se vulneraron los principios de transparencia, concurrencia y proporcionalidad, no si se aplicó el marco de emergencia. El juicio no cuestiona la legalidad del régimen de urgencia, sino su aplicación concreta en expedientes específicos.
La sentencia podría sentar jurisprudencia sobre los límites de la responsabilidad política en contextos de crisis sistémica. También reforzaría la exigencia de trazabilidad en contrataciones de emergencia, incluso bajo marcos legales acelerados.
