Un empresario de Puçol estuvo a punto de morir por un encargo de asesinato valorado en 30.000 euros, ejecutado por una red criminal colombiana activa en Sollana y Figueres. La Guardia Civil desarticuló la célula tras detectar su plan de reintentar el crimen en verano de 2023. El grupo usó GPS, motocicleta de fuga y división de roles operativos. La operación evitó un segundo ataque tras un primer intento fallido en diciembre.
¿Cómo operaba la red de sicarios colombianos en la Comunitat Valenciana?
La banda actuaba con metodología paramilitar. No eran improvisados: coordinaban movimientos, asignaban funciones específicas y usaban tecnología para rastrear al objetivo. Instalaron un dispositivo de geolocalización en el vehículo del empresario. Compraron teléfonos desechables y una motocicleta de alta cilindrada para el ataque.
División de tareas entre los acusados
Cada miembro tenía un rol definido: uno transportaba el arma, otro conducía la moto, un tercero ejecutaba los disparos y la cuarta guardaba el arma tras el crimen. Esta especialización revela una estructura operativa típica de grupos delictivos transnacionales.
¿Qué papel jugó la vigilancia tecnológica en la detención?
El uso de GPS no solo evidenció la premeditación, sino que dejó rastro digital. Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Puçol cruzaron datos de geolocalización con registros de compras, movimientos bancarios y comunicaciones. Esto permitió vincular a los sospechosos con los lugares de registro autorizados judicialmente: dos viviendas en Sollana y tres en Figueres.
La importancia del control judicial previo
La operación contó con autorización judicial para entradas y registros. Esto garantizó la validez de las pruebas ante tribunales. El uso de medidas de intervención tecnológica bajo control judicial es clave en delitos de alta peligrosidad, como los vinculados al crimen organizado transnacional.
¿Cuál es el impacto económico y legal de este caso?
El encargo de asesinato tenía un precio fijado en 30.000 euros, con 15.000 entregados como adelanto. Este monto refleja la profesionalización del mercado de sicarios en España, alimentado por redes colombianas con experiencia en extorsión y contratación de violencia. Desde el punto de vista legal, el caso activa figuras como la pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato con alevosía.
Marco normativo aplicable
La investigación se enmarca en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, especialmente los artículos 570 bis (organización criminal) y 139 (asesinato). Además, la Directiva UE 2017/1371 sobre lucha contra el fraude afecta a las transferencias financieras usadas para pagar encargos.
¿Qué revela este caso sobre la seguridad empresarial en zonas rurales?
Puçol y Sollana no son zonas tradicionales de alta incidencia delictiva. Sin embargo, este caso muestra cómo el crimen organizado adapta sus operaciones a entornos con menor presencia policial. El empresario no era figura pública ni tenía antecedentes de conflicto abierto. Su perfil económico —no su reputación— fue el blanco. Esto exige reforzar protocolos de protección para empresarios en municipios medianos.
Datos Clave
- El precio del asesinato fue de 30.000 euros, con 15.000 pagados como adelanto.
- La red usó un dispositivo GPS para rastrear los movimientos del empresario.
- Se detuvieron cuatro personas de nacionalidad colombiana, entre 24 y 63 años.
- La operación se activó tras detectar el plan de reataque en verano de 2023.
- El primer intento fallido ocurrió el 16 de diciembre de 2022.
- Se incautaron teléfonos desechables, una motocicleta y un arma de fuego.
El caso evidencia una escalada en la sofisticación de redes extranjeras que operan en España. No se trata de delincuencia ocasional, sino de estructuras criminales con capacidad logística, financiera y tecnológica. Su presencia en zonas no metropolitanas exige ajustes en los planes de seguridad pública y en la coordinación entre fuerzas de seguridad y administraciones locales. La economía local también se ve afectada: la percepción de inseguridad puede frenar inversiones y afectar la actividad de pymes.
