España avanza hacia la prohibición total de las terapias de conversión, pero la ley aún no está en vigor. Aunque el Congreso aprobó en 2023 una propuesta de ley, su tramitación se estancó. En 2026, el debate se reactivó con fuerza tras las declaraciones de Víctor Gutiérrez, secretario federal de Políticas LGTBI del PSOE, quien exigió al Partido Popular votar a favor de su prohibición. La Manifestación Estatal del Orgullo en Madrid refleja la urgencia social detrás de esta medida.
¿Qué son las terapias de conversión y por qué están prohibidas en España?
Las terapias de conversión son prácticas pseudocientíficas que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género. La Organización Mundial de la Salud las clasifica como prácticas dañinas y sin base médica. En España, su prohibición forma parte de la Ley Integral contra la LGTBIfobia, aprobada en el Congreso en 2023 pero aún pendiente de desarrollo reglamentario y sanciones efectivas.
El vacío legal actual
No existe una ley estatal con sanciones penales directas. Algunas comunidades autónomas, como Cataluña y el País Vasco, sí cuentan con normativas propias. Sin embargo, su aplicación es desigual y carece de coordinación nacional. Esto genera lagunas que permiten la continuidad de estas prácticas bajo el amparo de la libertad religiosa o terapéutica.
¿Cuál es el impacto económico de prohibir las terapias de conversión?
La prohibición no solo protege derechos humanos: también reduce costes públicos. Estudios del Instituto de Salud Carlos III estiman que cada persona que sufre estas prácticas genera un gasto adicional de 12.400 € anuales en atención psicológica, atención primaria y servicios sociales. La falta de regulación nacional impide la asignación de fondos específicos para prevención, formación de profesionales y acompañamiento a víctimas.
Inversión en prevención y formación
- Programas obligatorios de formación en diversidad sexual para psicólogos colegiados.
- Subvenciones a ONG para líneas de atención especializada.
- Campañas de sensibilización en centros educativos y entornos religiosos.
¿Qué dice la jurisprudencia y el marco legal europeo?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que las terapias de conversión vulneran los artículos 1, 3 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales. En 2025, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a adoptar medidas legislativas urgentes. A nivel nacional, el Consejo General del Poder Judicial emitió una recomendación en marzo de 2026 para que los juzgados consideren estas prácticas como indicios de maltrato psicológico en casos de menores.
La posición de los partidos políticos
- El PSOE impulsa la aprobación definitiva de la ley integral.
- El PP mantiene una postura ambigua: apoya el Orgullo, pero se abstiene o vota en contra de artículos clave.
- Sumar y Compromís exigen sanciones penales y financiación pública para víctimas.
¿Qué avances reales hay en 2026?
La presión ciudadana y el liderazgo de activistas como Víctor Gutiérrez, primer deportista español en salir del armario en activo, ha acelerado la agenda. Su intervención en la Manifestación Estatal del Orgullo de Madrid no fue simbólica: fue un llamado a la acción legislativa concreta. Además, el Ministerio de Igualdad lanzó en abril un protocolo interministerial para identificar y derivar casos detectados en centros de salud y educación.
Datos Clave
- Más del 62 % de las denuncias por terapias de conversión provienen de menores de 18 años.
- Solo el 17 % de los profesionales de la salud en España ha recibido formación específica sobre diversidad sexual.
- 12 comunidades autónomas carecen de normativa propia contra estas prácticas.
- La ley integral prevé multas de hasta 150.000 € para quienes las practiquen.
- El 89 % de los españoles apoya su prohibición, según el CIS de mayo de 2026.
La lucha no es solo contra una práctica: es contra una lógica que niega la autodeterminación de género, la orientación sexual y la dignidad humana. Cada día sin ley es un día en el que personas siguen siendo sometidas a tratamientos que la ciencia ha desacreditado y los tribunales han condenado. La igualdad real exige normas claras, sanciones efectivas y educación rigurosa. No basta con un tuit en la Semana del Orgullo.
