La situación laboral de los técnicos del Ministerio de Hacienda ha alcanzado un punto crítico, llevando al sindicato Gestha a convocar una huelga y una concentración en Madrid para el próximo miércoles, 26 de noviembre. Esta movilización busca reclamar un nuevo acuerdo de carrera profesional que se ajuste al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), con el objetivo de evitar la pérdida de recursos y fortalecer la capacidad de la Administración en la lucha contra el fraude y el control del gasto público.
### La Crisis de la Carrera Profesional
Los técnicos de Hacienda han expresado su preocupación por el bloqueo de la carrera profesional, la falta de movilidad y el escaso reconocimiento de sus funciones. Según ellos, esta combinación de factores está debilitando la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público. Desde 2011, las denuncias por delitos fiscales han caído un alarmante 82%, lo que, según Gestha, evidencia un debilitamiento en el control de los grandes evasores, mientras que los controles a particulares, autónomos y pymes se han intensificado.
La falta de una carrera profesional adecuada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y en el Ministerio de Hacienda está deteriorando la estructura administrativa, lo que repercute negativamente en los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y en los servicios públicos que dependen de sus impuestos. Este deterioro se traduce en una disminución de recursos clave para el funcionamiento eficaz de la Administración.
### Movilidad Geográfica y Funcional: Un Derecho Negado
Uno de los puntos más críticos que han llevado a los técnicos de Hacienda a movilizarse es la falta de movilidad geográfica y funcional. Gestha ha denunciado que la AEAT está aplicando un criterio que limita la posibilidad de traslado de los técnicos, priorizando a aquellos que han aprobado la oposición por promoción interna en lugar de ofrecer las plazas vacantes a los que tienen más antigüedad y mejor valoración de su trabajo. Esta política ha generado un descontento generalizado entre los técnicos, quienes afirman que alrededor de 1.200 de ellos desearían trasladarse a lugares donde tienen vínculos familiares y afectivos, pero se ven impedidos por esta normativa.
La falta de movilidad no solo desmotiva a los empleados, sino que también provoca vacantes sin cubrir en áreas con alta economía sumergida y una rotación que dificulta la especialización de los equipos. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde la eficacia en la lucha contra el fraude es más necesaria que nunca. Gestha ha solicitado que se salde lo que consideran una «deuda histórica» con los técnicos, mediante una reorganización que permita estructuras más eficientes en la lucha contra el fraude y el control del gasto público.
Además, han hecho hincapié en la necesidad de cumplir con una disposición de la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006, que instaba a desarrollar la carrera administrativa de los técnicos del Ministerio de Hacienda y a reconocer su compleja labor, así como sus responsabilidades y funciones superiores. La falta de atención a estas demandas ha llevado a un clima de tensión y descontento que se ha manifestado en la convocatoria de esta huelga.
La movilización de los técnicos de Hacienda no solo es un llamado a la acción por sus derechos laborales, sino también una advertencia sobre las consecuencias que la falta de recursos y reconocimiento puede tener en la capacidad del Estado para combatir el fraude fiscal y gestionar adecuadamente el gasto público. En un momento en que la economía enfrenta desafíos significativos, es crucial que se escuchen las voces de aquellos que trabajan en la primera línea de la administración tributaria.
La jornada de huelga y la concentración en Madrid son solo el inicio de una serie de acciones que los técnicos de Hacienda están dispuestos a llevar a cabo para hacer valer sus derechos y exigir un cambio en la política laboral que les afecta. La situación actual no solo impacta a los trabajadores, sino que también tiene repercusiones en la sociedad en su conjunto, ya que una administración tributaria debilitada puede resultar en un aumento de la evasión fiscal y una menor capacidad para financiar los servicios públicos esenciales.
