En una reciente sesión del Congreso, el partido independentista Junts ha presentado una proposición no de ley que busca modificar la legislación vigente sobre los permisos de paternidad para temporeros migrantes. Esta iniciativa ha suscitado un intenso debate entre los diferentes grupos parlamentarios, evidenciando las tensiones existentes en torno a la inmigración y los derechos laborales en España.
La propuesta, defendida por el diputado Isidre Gavín, argumenta que existe un abuso en la concesión de permisos de paternidad por parte de migrantes, quienes, según él, a veces presentan solicitudes con información dudosa. Gavín ha señalado que algunos migrantes alegan situaciones de poligamia en sus países de origen para obtener múltiples permisos, lo que, a su juicio, representa un fraude que debe ser abordado con urgencia. En su intervención, el diputado enfatizó la necesidad de establecer requisitos más estrictos para la concesión de estos permisos, sugiriendo que la administración debería exigir documentación más rigurosa y verificable.
### Reacciones de los partidos políticos
La respuesta a la propuesta de Junts ha sido variada y polarizada. Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe ha expresado su apoyo a la iniciativa, aunque la ha calificado de «tímida». Aizcorbe ha afirmado que la propuesta de Junts se alinea con las preocupaciones que su partido ha manifestado durante años sobre el fraude en los permisos de paternidad. Por su parte, el Partido Popular (PP) ha reconocido la existencia de fraude en este ámbito, pero ha advertido que la propuesta de Junts podría estigmatizar a colectivos vulnerables, sugiriendo que la lucha contra el fraude debe ser equitativa y sin prejuicios.
En contraste, el PSOE ha criticado fuertemente la iniciativa, argumentando que fomenta el señalamiento de los migrantes. La diputada María Carmen Castilla Álvarez ha subrayado que, aunque es necesario combatir el fraude, esto no debe traducirse en la creación de requisitos desproporcionados que afecten a un colectivo específico. Castilla ha enfatizado que en un Estado de Derecho no debería haber lugar para medidas que generen desigualdad en el acceso a los derechos sociales.
Además, la diputada de En Comú, Júlia Boada, ha cuestionado la falta de datos y pruebas que respalden las afirmaciones de Junts sobre el fraude, señalando que solo un número reducido de personas ha sido sancionado en Cataluña por este motivo. Esta falta de evidencia ha llevado a varios partidos a considerar la propuesta como un intento de recortar derechos laborales en lugar de una medida efectiva para combatir el fraude.
### Críticas a la propuesta
La oposición a la propuesta de Junts no se ha limitado a los partidos de izquierda. Desde Esquerra Republicana (ERC), el portavoz de asuntos laborales, Jordi Salvador, ha calificado la iniciativa de «xenófoba» y «racista», argumentando que busca criminalizar a los migrantes basándose en afirmaciones infundadas. Salvador ha instado a los legisladores a considerar el impacto que tales propuestas pueden tener en la percepción pública de los migrantes y en su integración en la sociedad española.
EH Bildu también ha manifestado su rechazo, con la diputada Marije Fullaondo describiendo la propuesta como una «barbaridad» que busca restringir derechos a un colectivo ya vulnerable. En la misma línea, Podemos ha advertido que endurecer los permisos para migrantes podría abrir la puerta al racismo institucional, mientras que el PNV ha señalado que la iniciativa podría complicar el acceso a derechos laborales al introducir más burocracia.
El debate en el Congreso sobre la propuesta de Junts refleja no solo las diferencias políticas en torno a la inmigración, sino también las tensiones sociales que surgen en un contexto donde la percepción de los migrantes es a menudo negativa. La discusión pone de relieve la necesidad de abordar el tema de manera integral, considerando tanto la lucha contra el fraude como la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. A medida que avanza el debate, queda claro que la cuestión de los permisos de paternidad para temporeros migrantes seguirá siendo un tema candente en la agenda política española.
