En un contexto de creciente crisis de vivienda en España, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha decidido llevar al Pleno del Congreso una propuesta de ley que busca implementar un impuesto sobre la acumulación de propiedades residenciales. Esta iniciativa, que se debatirá el 11 de noviembre, se presenta como una respuesta a las tensiones existentes entre el PSOE y sus socios parlamentarios, especialmente en un momento en que la presión sobre el gobierno para abordar la crisis de vivienda es más intensa que nunca.
### Un Impuesto Progresivo para Combatir la Especulación
La propuesta de ERC establece un impuesto progresivo que se aplicaría a los propietarios de tres o más viviendas. Este tributo comenzaría en un 4% y aumentaría hasta un 12% dependiendo del número de propiedades. La intención detrás de esta medida es penalizar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores y fomentar un uso más equitativo de la vivienda, priorizando la tenencia en propiedad de la residencia habitual y el alquiler social.
El diseño del impuesto es claro: a partir de la tercera vivienda, el tipo impositivo aumentaría a un 8% y luego a un 12% para la quinta propiedad. A partir de este punto, se añadiría un 5% adicional por cada vivienda extra. Esta estructura busca desincentivar la acumulación de propiedades y promover una mayor movilidad en el mercado de la vivienda, un aspecto que ERC considera crucial para abordar la crisis habitacional.
Además, ERC ha propuesto eliminar los beneficios fiscales que actualmente disfrutan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi). Según la formación, estas entidades operan con un régimen casi exento de impuestos, lo que contribuye a la financiarización de la vivienda y a la especulación en el mercado inmobiliario. La propuesta incluye también la aplicación de un tipo impositivo del 21% a las viviendas de uso turístico, buscando así equilibrar el gravamen que se aplica a estos alojamientos con el valor real de los servicios que ofrecen.
### Aumento del IBI para Grandes Tenedores
Otra de las medidas incluidas en la propuesta de ERC es el aumento del tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para aquellas viviendas que no sean residencia habitual y que pertenezcan a grandes tenedores. Esta medida tiene como objetivo permitir que los ayuntamientos puedan penalizar usos que no sean residenciales, como el alquiler turístico, y priorizar un uso más sostenible y estable de la vivienda.
La portavoz de Vivienda de ERC, Etna Estrems, ha defendido esta batería de medidas argumentando que los sucesivos gobiernos han favorecido un régimen fiscal que beneficia a los grandes tenedores y a los usos turísticos de la vivienda. Según Estrems, «la vivienda no puede continuar siendo tratada como una mercancía o un activo financiero: es un derecho que hay que garantizar». Esta afirmación resuena en un contexto donde muchos ciudadanos sienten que el acceso a una vivienda digna se ha vuelto cada vez más complicado.
La propuesta de ERC se presenta en un momento en que la crisis de vivienda ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento significativo en los precios de alquiler y la compra de viviendas, lo que ha llevado a muchas personas a la desesperación. La presión sobre el gobierno para actuar es palpable, y la propuesta de ERC podría ser un punto de inflexión en la política de vivienda del país.
El debate sobre esta ley no solo pone a prueba la capacidad del PSOE para gestionar sus relaciones con sus socios, sino que también refleja un cambio en la percepción pública sobre la vivienda como un derecho fundamental. A medida que la crisis se intensifica, es probable que las propuestas como la de ERC ganen más apoyo entre la población, que busca soluciones efectivas y justas para el acceso a la vivienda.
La discusión sobre el impuesto a propietarios de múltiples viviendas es solo una parte de un debate más amplio sobre cómo abordar la crisis de vivienda en España. A medida que se acerca la fecha del debate en el Congreso, la atención se centrará en cómo responderá el PSOE a esta propuesta y qué medidas adicionales se pueden considerar para garantizar que la vivienda sea accesible para todos los ciudadanos. La presión para actuar es alta, y el resultado de este debate podría tener un impacto duradero en la política de vivienda en el país.
