La reciente decisión de Junts de romper todos los lazos con el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un gran revuelo en el panorama político español. Este movimiento, liderado por Carles Puigdemont, implica que el partido independentista catalán no solo vetará todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo, sino que también propondrá enmiendas a la totalidad de dichas iniciativas. Este escenario plantea serias dudas sobre la viabilidad de la actual legislatura y el futuro de importantes reformas que dependen de la aprobación de los fondos europeos.
### El Impacto de la Ruptura en la Legislación Española
La ruptura de Junts con el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar complica enormemente la capacidad del Ejecutivo para llevar a cabo reformas legislativas cruciales. Sin el apoyo de los independentistas catalanes, el Gobierno se encuentra en una situación precaria, ya que carece del margen de maniobra necesario para aprobar leyes que son fundamentales para acceder a más de 21.000 millones de euros en fondos Next Generation. Estos fondos son parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con la Comisión Europea, y su aprobación es esencial para la recuperación económica del país.
Entre las leyes que Junts ha decidido vetar se encuentran la Ley de Movilidad Sostenible, la ley de familias y la reforma de la Justicia. La primera de estas leyes es especialmente crítica, ya que su aprobación está vinculada a un importante paquete de ayudas europeas. La situación se vuelve aún más complicada cuando se considera que el Congreso debe dar el visto bueno a esta ley en la próxima semana, lo que representa un primer gran desafío para el Gobierno tras la ruptura.
A pesar de que España ha recibido ya una parte significativa de los fondos europeos, aún quedan pendientes unos 21.130 millones de euros que Bruselas desembolsaría en varios pagos futuros. Para acceder a estos fondos, el Gobierno debe cumplir con una serie de requisitos legislativos que, en este momento, parecen inalcanzables debido al bloqueo de Junts. La Ley de Industria y Autonomía Estratégica, por ejemplo, es otra norma que se encuentra en la cuerda floja, ya que Junts ha anunciado su intención de presentar enmiendas que podrían paralizar su aprobación.
### La Urgencia de Cumplir con los Requisitos Europeos
El tiempo apremia para el Gobierno español, ya que la fecha límite para completar las reformas exigidas por la Unión Europea expira en agosto de 2026. Este plazo es crucial, ya que el último pago de fondos debe ser desembolsado a finales del próximo año. Sin embargo, la posibilidad de una prórroga es prácticamente nula, ya que requeriría un acuerdo unánime de los 27 estados miembros de la UE, lo que es altamente improbable en el contexto actual.
Los pagos de los fondos europeos están estructurados en varias fases, y cada uno de ellos está condicionado a la aprobación de leyes específicas. Por ejemplo, el sexto pago, que asciende a 5.342 millones de euros, está condicionado a la aprobación de la Ley de Industria y otras normativas relacionadas con el sistema de salud y la protección de derechos de autor. El séptimo pago, que suma 8.147 millones de euros, también depende de la Ley de Movilidad Sostenible y otras legislaciones que han sido vetadas por Junts.
La situación se complica aún más con la necesidad de cumplir con las reformas que afectan a sectores clave como la sanidad, la industria y la movilidad. La Ley de Medidas para la Equidad, la Universalidad y la Cohesión del Sistema Nacional de Salud es otra de las normativas que se encuentra en riesgo, y su aprobación es esencial para garantizar la continuidad de los fondos europeos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se enfrenta a un desafío monumental, ya que debe presentar en noviembre la última revisión del Plan de Recuperación. Esta revisión determinará si el Gobierno renuncia a parte de los créditos pendientes, lo que podría tener un impacto significativo en la economía del país. Hasta ahora, España ha recibido cinco pagos de subvenciones que suman 55.000 millones de euros, pero aún tiene pendientes más de 24.000 millones en subvenciones y 67.000 millones en créditos.
La ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez no solo complica la situación política en España, sino que también pone en riesgo la recuperación económica del país. La falta de apoyo legislativo para las reformas necesarias podría llevar a una parálisis en la implementación de políticas clave, afectando a millones de ciudadanos y a la economía en su conjunto. En este contexto, la capacidad del Gobierno para navegar por estas aguas turbulentas será crucial para el futuro del país.
