La comunidad de vecinos de un edificio en Albal enfrenta una dura realidad: llevan diez meses sin ascensor tras los daños provocados por la dana del 29 de octubre. Este fenómeno meteorológico dejó a muchas familias en una situación crítica, especialmente a aquellas con personas mayores o con movilidad reducida. La historia de José, un vecino que fue diagnosticado con esclerosis múltiple tras la dana, es solo una de las muchas que reflejan la gravedad de la situación. José, quien vive en un tercer piso, ha visto cómo su vida ha cambiado drásticamente desde su diagnóstico, y la falta de un ascensor ha complicado aún más su día a día.
La situación es aún más alarmante para otros residentes del edificio. Dos personas mayores que utilizan sillas de ruedas han tenido que abandonar sus hogares y mudarse a una residencia debido a la imposibilidad de salir de sus casas. Una mujer ciega y su perro guía también se han visto obligadas a dejar su hogar, mientras que otro vecino que sufrió un ictus apenas sale de su vivienda. La comunidad, compuesta por 25 familias, se enfrenta a un desafío monumental: la falta de un ascensor que les permita acceder a sus hogares.
La empresa contratada para reparar el ascensor prometió que estaría en funcionamiento en un plazo de siete semanas, pero tras varios retrasos y excusas, la comunidad se encuentra sin una fecha clara para la finalización de las obras. María Ángeles y Maite, dos vecinas que han estado en contacto constante con la empresa, expresan su frustración: «No es justo, tenemos a personas que no pueden bajar de sus casas». A pesar de que el Consell había acordado dar prioridad a las comunidades con personas con movilidad reducida, esta promesa no se ha cumplido, dejando a los vecinos en un estado de incertidumbre y desesperación.
Además de la falta de un ascensor, la comunidad enfrenta problemas financieros. El presupuesto estimado para las reparaciones, elaborado por un arquitecto contratado por la comunidad, asciende a 170.000 euros, mientras que el Consorcio solo ha proporcionado 60.000 euros. Esta disparidad genera preocupación entre los vecinos, quienes temen que no podrán cubrir los costos necesarios para reparar el ascensor y otros daños en el edificio. La posibilidad de una derrama es un tema recurrente en las conversaciones, ya que muchos de los residentes son trabajadores que ya enfrentan gastos adicionales derivados de la dana.
La situación se complica aún más por el estado del edificio. La puerta principal permanece rota y abierta, y los contadores eléctricos están cubiertos de barro, lo que representa un riesgo para la seguridad de los residentes. El acceso al garaje sigue siendo imposible, y los daños visibles son un recordatorio constante de la devastación que causó la dana. La comunidad se siente atrapada en un ciclo de promesas incumplidas y falta de acción, lo que agrava aún más su angustia.
La comunidad de vecinos ha mantenido un diálogo constante con el Ayuntamiento de Albal, representado por la vicealcaldesa María José Hernández, quien les asegura que tienen la «prioridad» que tanto anhelan. Sin embargo, la falta de avances concretos ha llevado a los residentes a cuestionar la efectividad de estas promesas. La incertidumbre sobre cuándo se resolverá la situación del ascensor y otros problemas del edificio es una carga pesada que los vecinos deben llevar día a día.
La historia de Albal es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas comunidades en situaciones similares. La falta de infraestructura adecuada y la burocracia pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas, especialmente en aquellas que ya enfrentan dificultades. La lucha de estos vecinos por recuperar su calidad de vida es un recordatorio de la importancia de la acción rápida y efectiva en situaciones de emergencia. La comunidad de Albal sigue esperando una solución, pero la falta de respuestas claras y la incertidumbre sobre el futuro hacen que su situación sea cada vez más desesperante.
