La reciente dimisión de José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras el escándalo de un título falso ha puesto en el centro de la atención la gestión de personal en la Diputación de Valencia. Este incidente no solo ha marcado el fin de su carrera política, sino que también ha revelado una serie de irregularidades y prácticas cuestionables en la administración pública local. A medida que se desentrañan los detalles, se hace evidente que la Diputación ha sido objeto de críticas por su opacidad y por el clientelismo que ha caracterizado su funcionamiento durante décadas.
### La Estructura Salarial de la Diputación
Uno de los aspectos más llamativos de la gestión de personal en la Diputación de Valencia es la estructura salarial, que ha sido objeto de análisis en informes internos. Actualmente, se estima que alrededor de 120 de los 1.200 empleados públicos de la institución reciben salarios que superan los 85.000 euros anuales, cifra que corresponde al salario del presidente de la Diputación, Vicent Mompó. Este dato pone de manifiesto que la Diputación es considerada como una de las administraciones más generosas en términos de remuneración para sus trabajadores.
Los datos revelan que los responsables de cada departamento, conocidos como jefes de servicio, tienen salarios que superan los 90.000 euros anuales. Estos puestos son críticos, ya que actúan como intermediarios entre el equipo político y el personal, y han sido abiertos recientemente a funcionarios de otras administraciones, lo que ha facilitado la llegada de nuevos empleados. En el último año, el salario promedio de estos jefes de servicio fue de 91.770,52 euros, sin contar los aumentos salariales de 2025 y otros beneficios como trienios y productividad.
Además, se ha identificado que hay 27 puestos en la Diputación que tienen condiciones salariales similares, lo que ha generado un clima de descontento entre los empleados de base, quienes perciben que sus esfuerzos no son debidamente recompensados. La situación se agrava al considerar que, en la cúpula funcionarial, los salarios pueden alcanzar hasta los 120.000 euros, especialmente en el caso de habilitados nacionales, quienes son funcionarios estatales que supervisan el cumplimiento de las normativas económicas y legales en la administración local.
### Problemas de Gestión y Estructura
La gestión del personal en la Diputación de Valencia ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y por la denominada «inflación de jefaturas». Un informe de control interno de 2020 destacó que el gasto en personal ha crecido a un ritmo superior al aumento en el número de empleados, lo que se atribuye al envejecimiento de la plantilla y a los incrementos salariales que se han otorgado a través de mecanismos no adecuados. Esto ha llevado a una situación en la que hay más de 400 jefaturas en una plantilla de aproximadamente 1.200 empleados, lo que plantea serias dudas sobre la eficiencia y la necesidad de tantos cargos directivos.
El análisis de la plantilla actual revela que en algunas áreas hay más jefes que empleados de base, lo que genera un desbalance en la estructura organizativa. Este fenómeno ha sido calificado como una «elevada inflación de jefaturas», lo que sugiere que los cambios estructurales realizados por diferentes gobiernos han creado cargos que, aunque no son necesarios, se mantienen en la administración.
Además, el informe de 2020 también advirtió sobre irregularidades en el sistema de retribuciones, señalando que en 2019, el gasto en productividad superó el límite autorizado por el pleno. Esto ha llevado a que ciertos puestos reciban compensaciones fijas sin una evaluación periódica de su desempeño, lo que podría estar contribuyendo a un clima de insatisfacción entre los empleados que no reciben el mismo trato.
La situación en la Diputación de Valencia es un reflejo de los problemas más amplios que enfrenta la administración pública en España, donde la falta de transparencia y la gestión ineficiente de los recursos humanos han llevado a un clima de desconfianza entre los ciudadanos. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se abordarán estas cuestiones y si se implementarán reformas que promuevan una mayor equidad y eficiencia en la administración pública.
