El reciente informe enviado por el Gobierno de Aragón a la Fiscalía Provincial de Zaragoza ha destapado una serie de irregularidades en la gestión del alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón. Este documento, que se basa en investigaciones internas y en informes del secretario-interventor del municipio, ha puesto en evidencia prácticas que podrían ser constitutivas de delito penal. Entre las irregularidades más destacadas se encuentran adjudicaciones de contratos a empresas con las que el alcalde tiene vínculos personales, así como gastos injustificados que han llamado la atención de las autoridades.
### Adjudicaciones Irregulares y Vínculos Personales
El informe revela que Cucalón, quien también es presidente de la Comarca Campo de Cariñena, ha adjudicado contratos por un total de 235.000 euros a una empresa con la que mantiene «estrechos vínculos». Este monto representa aproximadamente el 22% del presupuesto municipal de Aguarón para el año 2024. Uno de los contratos en cuestión es el de obras para la instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico en edificios municipales, financiado con una subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Además, se han detectado al menos 21 contratos menores que se han otorgado sin seguir el procedimiento administrativo adecuado. El Consejo Consultivo de Aragón ya ha declarado nulo uno de estos contratos, por un valor de 109.234,55 euros, debido a «graves irregularidades». La Dirección General de Administración Local ha instado al Ayuntamiento a adjudicar este contrato a la empresa que debería haber ganado el concurso originalmente.
La situación se complica aún más al descubrir que la empresa beneficiada, Electra Aguarón SL, ha recibido otros 85.000 euros por trabajos relacionados con averías y alumbrado público, también sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente. Este tipo de prácticas no solo pone en tela de juicio la transparencia de la gestión pública, sino que también plantea serias dudas sobre la ética del alcalde y su equipo.
### Gastos Injustificados y Dietas Elevadas
El informe también destaca el cobro de dietas e indemnizaciones por desplazamientos por parte de Cucalón, que ascienden a 11.850 euros hasta enero de 2025. Estos gastos incluyen comidas protocolarias que han generado controversia, ya que dos de ellas suman más de 5.000 euros sin justificación clara. Según el Gobierno de Aragón, estas comidas se han realizado de manera recurrente y muchos de los consejeros comarcales que supuestamente asistieron a ellas han negado su participación.
Además, se han detectado gastos de desplazamientos que no tienen respaldo documental, lo que agrava aún más la situación. Por ejemplo, Cucalón justificó gastos de viajes a la Dirección General de Administración sin que existan registros de reuniones con funcionarios de esa entidad. Este tipo de irregularidades no solo son preocupantes desde un punto de vista financiero, sino que también afectan la credibilidad de la administración local.
Otro aspecto alarmante es la falta de control en la administración de los recursos públicos. La Dirección General de Administración Local ha señalado que la plaza de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Aguarón está vacante, lo que dificulta la supervisión adecuada de los pagos y la legalidad de las operaciones. Sin un control riguroso, es fácil que se produzcan abusos y malversaciones de fondos públicos.
### Implicaciones y Reacciones
La situación ha generado un gran revuelo en la comunidad local y ha llevado al PSOE a expulsar a Cucalón del partido tras conocer las investigaciones en su contra. Este tipo de acciones son necesarias para mantener la integridad en la política local, pero también plantean preguntas sobre la responsabilidad de los partidos en la supervisión de sus miembros.
El informe enviado a la Fiscalía no solo es un llamado de atención sobre la gestión de Cucalón, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y control en la administración pública. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan los recursos que provienen de sus impuestos y a exigir cuentas a sus representantes.
La investigación que ahora está en manos de la Fiscalía podría tener consecuencias significativas para Cucalón y su equipo, así como para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La situación actual es un recordatorio de la importancia de la ética en la política y la necesidad de mecanismos de control que garanticen la correcta utilización de los recursos públicos. A medida que avanza la investigación, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas se implementarán para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
