La empresa Levantina Ingeniería y Construcción SL, con sede en Alberic y en la Plaza del Patriarca de València, ha sido objeto de atención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debido a la obtención de contratos que suman un total de 94 millones de euros con el Ministerio de Transportes. Este hecho ha suscitado un interés considerable, especialmente en el contexto de la investigación que involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, así como al empresario Víctor de Aldama. La UCO ha elaborado un informe que detalla las adjudicaciones investigadas y las conexiones entre los implicados, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia en la concesión de contratos públicos.
La mayoría de los contratos obtenidos por Levantina se realizaron en unión temporal de empresas (UTE) con otras grandes constructoras. Sin embargo, la UCO ha señalado que el constructor valenciano ha mantenido reuniones con los principales investigados, lo que ha llevado a la sospecha de que podría haber existido un esquema para favorecer a ciertas empresas en la obtención de contratos públicos. Las comunicaciones entre Koldo García y Levantina se habrían llevado a cabo a través de líneas telefónicas desechables y utilizando nombres en clave, lo que indica un intento deliberado de ocultar la naturaleza de sus interacciones.
### Relaciones sospechosas y contratos públicos
La relación entre Koldo García y el empresario José Ruz comenzó a través de un correo electrónico enviado el 19 de marzo de 2019, donde Ruz expresaba su interés en reunirse con García. Este encuentro se concretó el 27 de marzo de 2019 en el Ministerio de Fomento. Desde ese momento, la relación entre ambos se intensificó, y Ruz mostró una disposición constante para ayudar a García en cualquier necesidad que este le planteara. Este tipo de vínculos entre funcionarios y empresarios plantea serias dudas sobre la ética y la legalidad de las prácticas en la adjudicación de contratos públicos.
A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que Koldo García y José Ruz comenzaron a utilizar líneas de teléfono desechables para comunicarse, identificando sus conversaciones con términos como «café» o «cafetera». Este comportamiento sugiere un esfuerzo consciente por parte de los involucrados para eludir la vigilancia y mantener sus actividades en la sombra. Además, se ha revelado que Ruz pagó a Koldo y Ábalos una «pensión» de 2.600 euros mensuales a través de una empresa interpuesta, lo que añade otra capa de complejidad a la situación y plantea preguntas sobre la legalidad de estos pagos.
Entre los contratos que Levantina ha conseguido se encuentran obras significativas, como la duplicación de una carretera entre Dos Hermanas y Los Palacios, la construcción de la estación del AVE en Elx y un proyecto de 72 millones en la autovía A-12 del Camino de Santiago. Sin embargo, la mayoría de estos contratos se realizaron en colaboración con otras grandes constructoras, lo que podría dificultar la identificación de irregularidades específicas. A pesar de esto, la UCO ha indicado que la empresa también logró contratos menores en Teruel y Asturias de manera independiente.
### Implicaciones para la política y la construcción
La situación actual ha generado un debate sobre la necesidad de una mayor regulación y supervisión en la adjudicación de contratos públicos. La corrupción en el sector de la construcción no es un fenómeno nuevo, pero los recientes acontecimientos han puesto de relieve la importancia de establecer mecanismos más robustos para prevenir prácticas corruptas. La relación entre funcionarios públicos y empresarios debe ser transparente y estar sujeta a un escrutinio riguroso para garantizar que los contratos se otorguen de manera justa y equitativa.
El caso de Levantina Ingeniería y Construcción SL es un recordatorio de que la corrupción puede infiltrarse en las estructuras más altas del gobierno y la administración pública. La UCO ha señalado que la investigación sigue en curso y que se están recopilando más pruebas para determinar la extensión de las irregularidades. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial que las autoridades actúen con rapidez y determinación para abordar cualquier indicio de corrupción y restaurar la confianza pública en las instituciones.
La situación también plantea interrogantes sobre el futuro de la política en España, especialmente en un momento en que la ciudadanía exige mayor transparencia y responsabilidad de sus líderes. La corrupción no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también puede tener un impacto negativo en la economía y el desarrollo social. Por lo tanto, es esencial que se tomen medidas efectivas para abordar estos problemas y garantizar que los contratos públicos se gestionen de manera ética y responsable.
