La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha iniciado una investigación que involucra a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, y su relación con dos cooperativas a las que la constructora Servinabar transfirió un millón de euros entre 2016 y 2023. Este caso ha generado gran interés mediático y ha puesto de relieve posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos en Navarra.
### La Relación entre Santos Cerdán y las Cooperativas
Santos Cerdán, quien ha sido un personaje influyente en la política navarra, se encuentra en el centro de una investigación que examina sus vínculos con las cooperativas Noran y Erkolan. Estas cooperativas, de las que su socio Antxon Alonso es propietario, recibieron pagos significativos de Servinabar, la constructora en la que Cerdán tenía participación. Según informes, el flujo de dinero entre estas entidades ha levantado sospechas sobre la legalidad de las transacciones y la posible existencia de un esquema de corrupción.
La Guardia Civil ha descubierto que Cerdán podría tener una conexión extraoficial con las cooperativas, similar a la que se sospecha con la empresa principal de Alonso. Además, se investiga si otros familiares de Cerdán, incluida su hermana Belén, tuvieron alguna relación laboral o mercantil con estas cooperativas. Este aspecto es crucial, ya que podría implicar a más personas en un posible entramado de corrupción.
Los documentos revelan que Servinabar pagó 258.472 euros a Erkolan entre 2019 y 2023, con un aumento notable en los pagos anuales. En 2020, la cantidad ascendió a 40.244 euros, y en los años siguientes, se mantuvo en 71.535 euros anuales. Estos pagos han sido objeto de escrutinio, ya que se busca determinar el destino final de los fondos y si fueron utilizados de manera adecuada.
### La Constructora Servinabar y sus Contratos Públicos
Servinabar ha sido beneficiaria de más de 100 millones de euros en contratos adjudicados por los gobiernos de Uxue Barkos (Geroa Bai) y María Chivite (PSN). Durante la legislatura de Barkos, la constructora participó en importantes proyectos, como la reforma del pabellón Navarra Arena y la rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra. Estos contratos han sido objeto de controversia, ya que se cuestiona si fueron adjudicados de manera transparente y justa.
Uno de los contratos más destacados es el de la duplicación de los túneles de Belate, adjudicado en diciembre de 2023 por un importe de 76 millones de euros. Este proyecto es considerado la mayor obra pública en Navarra en la última década, lo que aumenta la atención sobre la gestión de los fondos y la posible corrupción en la adjudicación de contratos.
La investigación de la UCO se centra en el destino de un millón de euros que Servinabar transfirió a las cooperativas Noran y Erkolan. Se ha revelado que, de los 729.108 euros que Servinabar pagó a Noran entre 2016 y 2024, hay una cantidad significativa cuyo destino es desconocido. Esto ha llevado a los investigadores a profundizar en las cuentas de las cooperativas y a rastrear el flujo de dinero entre ellas.
La situación se complica aún más con la revelación de que la constructora ha realizado pagos recurrentes a Erkolan desde la cuenta bancaria de Noran. Este patrón de transacciones ha despertado la sospecha de que podría haber un esquema de lavado de dinero o, al menos, una falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos.
### Implicaciones Políticas y Sociales
El caso de Santos Cerdán y las cooperativas ha generado un debate intenso en la sociedad navarra y en el ámbito político. La corrupción en la gestión de fondos públicos es un tema que preocupa a los ciudadanos, y este caso podría tener repercusiones significativas en la confianza de la población hacia sus representantes políticos.
La UCO continúa investigando las conexiones entre Cerdán, su socio Antxon Alonso y las cooperativas, mientras que los partidos políticos han comenzado a tomar posiciones. Algunos han exigido la dimisión de Cerdán y otros involucrados, mientras que otros defienden su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de los fondos públicos y la importancia de que las instituciones actúen con rigor ante cualquier indicio de corrupción. La sociedad civil también juega un papel crucial en la vigilancia de la ética en la política, y este caso podría ser un catalizador para exigir cambios en la legislación y en las prácticas de gobernanza en Navarra y en toda España.
