El próximo jueves 6 de noviembre, familias de niños y niñas que han perdido la vida a causa del bullying se reunirán frente al Congreso de los Diputados a las 12:00 horas, en un acto que coincide con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Esta movilización, organizada por la Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas, busca presionar a los responsables políticos para que se apruebe de manera urgente una Ley Integral contra el Acoso Escolar. Esta ley es vista como una herramienta crucial para garantizar la protección de los derechos de los menores en los centros educativos.
La concentración contará con la presencia de padres y familiares de víctimas de acoso escolar, incluyendo a los padres de Kira, quienes son fundadores de la mencionada asociación. También asistirán las familias de otras víctimas como Sandra, Daniela, Dani y Alejandro, así como diversos colectivos sociales que apoyan esta causa. Durante el evento, los asistentes sostendrán fotografías de sus hijos fallecidos, representando a hasta 18 víctimas que han sufrido violencia escolar y que, según los organizadores, han sido desprotegidas por un sistema que silencia estos casos y niega recursos a las víctimas.
En un contexto donde la violencia escolar ha cobrado vidas, la asociación ha criticado la falta de acción del Gobierno. Hace tres años, los padres de Kira entregaron más de 230.000 firmas solicitando la creación de una ley integral para combatir el acoso escolar. Actualmente, esa cifra ha aumentado a aproximadamente 260.000, lo que refleja un creciente clamor social por una respuesta efectiva ante esta problemática. Sin embargo, la asociación ha denunciado que, a pesar de la presión social, el Gobierno no ha implementado medidas concretas para abordar el acoso escolar ni para proteger a los menores en las escuelas.
La situación es alarmante, ya que en este periodo se han reportado cinco nuevos suicidios relacionados con el acoso escolar, sumándose a la lista de víctimas que, según la asociación, solo son conocidas por algunos nombres. Las familias han solicitado formalmente una reunión con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, así como con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La desesperación de estas familias es palpable, y su pregunta es clara: «¿Cuántos niños más tienen que morir?». La asociación exige una ley que garantice la protección inmediata de las víctimas, establezca responsabilidades y sanciones claras por incumplimiento y omisión, y que implemente protocolos anti acoso que sean funcionales y obligatorios, con supervisión externa para asegurar el derecho del alumnado a una educación libre de violencia.
El acto de concentración se describe como pacífico y emotivo, pero también como contundente y necesario para visibilizar el drama que enfrentan miles de menores en las aulas. La movilización busca no solo recordar a las víctimas, sino también exigir un cambio real en la legislación y en la forma en que se aborda el acoso escolar en el país. Las familias esperan que su presencia y su mensaje resuenen en el Congreso, instando a los legisladores a actuar con la urgencia que la situación demanda.
La lucha contra el bullying no es solo una cuestión de leyes, sino de un cambio cultural que debe comenzar en las aulas y extenderse a toda la sociedad. La normalización del maltrato y la violencia en las escuelas debe ser erradicada, y para ello es fundamental que se implementen medidas efectivas que protejan a los menores y les brinden un entorno seguro para su desarrollo. La concentración del 6 de noviembre es un paso más en esta lucha, un llamado a la acción que no puede ser ignorado por quienes tienen el poder de cambiar las cosas. Las familias de las víctimas de bullying están decididas a no dejar que sus voces sean silenciadas y a seguir luchando por un futuro en el que ningún niño tenga que sufrir el acoso escolar.
