En un contexto de creciente tensión política y social, el Gobierno de España ha decidido intervenir en Jumilla, un municipio de Murcia, tras la aprobación de una moción que prohíbe las celebraciones musulmanas en instalaciones públicas. Esta decisión ha generado un debate intenso sobre la libertad religiosa y la neutralidad del Estado en cuestiones de culto. La moción, impulsada por el partido Vox y apoyada por el Partido Popular (PP), busca restringir eventos como la Fiesta del Cordero y la celebración del fin del Ramadán, lo que ha llevado al Ejecutivo a actuar para proteger los derechos fundamentales de la comunidad musulmana.
La Delegación del Gobierno en Murcia ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, instando a la anulación de esta moción. En caso de que el consistorio no cumpla con esta solicitud, el Gobierno ha advertido que tomará acciones legales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha manifestado su firme compromiso de defender la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos, enfatizando que «frente a la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la libertad religiosa». Por su parte, Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial, ha subrayado que «ante la intolerancia no hay medias tintas».
La moción en cuestión ha sido criticada por varios motivos. En primer lugar, se argumenta que infringe el principio de libertad religiosa consagrado en la Constitución Española. Según el requerimiento del Gobierno, la moción no solo es una desviación de poder, sino que también utiliza la potestad municipal de manera impropia para restringir las celebraciones religiosas. A pesar de que el acuerdo parece regular el uso de instalaciones deportivas, en realidad oculta una clara vulneración del derecho a la libertad de culto.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juan Agustín Navarro, ha defendido la moción argumentando que se trata de una defensa de las tradiciones locales frente a lo que él considera una «ofensiva ideológica de la izquierda». Sin embargo, el Gobierno ha señalado que esta postura no solo es discriminatoria, sino que también atenta contra la neutralidad religiosa, ya que excluye actos religiosos musulmanes que se han llevado a cabo en esas instalaciones durante años.
La intervención del Gobierno no es un hecho aislado. En los últimos años, se han producido varias situaciones similares en las que se han visto vulnerados derechos fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha. Por ejemplo, en 2023, el Gobierno tuvo que intervenir en Castilla y León para frenar medidas antiabortistas impulsadas por Vox y el PP. Asimismo, se recuerda el caso del conocido como ‘pin parental’ en Murcia, que otorgaba a los padres la potestad de censurar actividades educativas de sus hijos.
El Gobierno ha dejado claro que su compromiso es defender la Constitución y los valores democráticos, y que no dudará en combatir cualquier iniciativa que busque socavar los derechos y libertades de los ciudadanos. Esta intervención en Jumilla es un reflejo de la creciente preocupación por el avance de políticas que pueden llevar a una dinámica autoritaria en el país, similar a la que se ha observado en otras naciones donde la ultraderecha ha alcanzado el poder.
La situación en Jumilla ha puesto de manifiesto la necesidad de un debate más amplio sobre la convivencia y el respeto a la diversidad cultural y religiosa en España. La libertad religiosa es un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido, y cualquier intento de restringirlo debe ser objeto de un análisis crítico y riguroso. La respuesta del Gobierno a esta moción es un paso hacia la defensa de estos principios, pero también plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán las tensiones entre diferentes grupos culturales y religiosos en el futuro.
En este contexto, es esencial que se fomente un diálogo constructivo entre las distintas comunidades, así como un compromiso por parte de las autoridades para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o creencias, puedan ejercer su derecho a la libertad religiosa sin temor a represalias o discriminación. La intervención del Gobierno en Jumilla podría ser vista como un precedente importante en la lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad en España, un país que ha sido históricamente un crisol de culturas y tradiciones.
