El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha fracasado en su reciente intento de que el catalán sea reconocido como lengua oficial en la Unión Europea (UE). Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha encontrado una fuerte oposición en Bruselas, donde varios Estados miembros han expresado su escepticismo y rechazo a la propuesta. La situación se complica aún más debido a la falta de consenso y a las dudas legales que rodean la petición.
La campaña de Albares para que el catalán obtenga estatus oficial en la UE ha sido intensa, con la esperanza de forzar una decisión en el próximo Consejo de Asuntos Generales programado para el 27 de mayo. Sin embargo, en un primer debate preparatorio, una decena de países se manifestaron en contra de la solicitud, incluyendo naciones como Alemania, Francia, Italia y varios Estados bálticos. Esta oposición se basa en preocupaciones sobre el impacto político, financiero y logístico que podría tener el reconocimiento del catalán, así como en la necesidad de un cambio en los Tratados de la UE, algo que el Gobierno español considera innecesario.
### La oposición de los Estados miembros
El rechazo a la oficialidad del catalán no es un fenómeno nuevo. Los mismos argumentos han sido utilizados en ocasiones anteriores, destacando que persisten interrogantes sobre las implicaciones de tal decisión. Los Estados miembros que se oponen a la propuesta han señalado que no se han resuelto las dudas planteadas desde que se presentó la solicitud por primera vez hace casi dos años. Además, los informes solicitados sobre estas cuestiones aún no han sido concluidos, lo que añade más incertidumbre al proceso.
Uno de los principales temores de los países opositores es que el reconocimiento del catalán pueda sentar un precedente para otras lenguas minoritarias en Europa, como el ruso en los países bálticos. Este temor se intensifica con la posible entrada de Ucrania, Moldavia y otros países de los Balcanes en la UE, lo que podría complicar aún más la situación lingüística en el continente.
Para intentar calmar las inquietudes de sus socios europeos, el Gobierno de Sánchez ha ofrecido cubrir todos los gastos asociados al reconocimiento del catalán, que se estima en alrededor de 132 millones de euros anuales. Sin embargo, esta oferta no ha logrado cambiar la postura de los países que se oponen a la medida. La falta de apoyo ha llevado a que solo Bélgica y Portugal hayan respaldado públicamente la solicitud de Albares.
### El futuro del catalán en la UE
El próximo debate sobre la oficialidad del catalán se llevará a cabo el 21 de mayo a nivel de embajadores. En este encuentro, es probable que se modifique el orden del día para que el tema se discuta sin votación, lo que significaría que la propuesta quedaría nuevamente en un limbo indefinido. Una votación negativa, por otro lado, podría significar el fin definitivo de la aspiración del Gobierno español de que el catalán sea reconocido oficialmente en la UE.
La oficialidad del catalán es vista como un “pago adelantado” por parte de Sánchez para obtener el apoyo de Carles Puigdemont y su partido, Junts, en el Congreso. Este contexto político ha llevado a que el tema se convierta en un punto de fricción en las relaciones entre el Gobierno español y sus socios europeos. La última vez que se abordó la cuestión en el Consejo de Asuntos Generales fue en marzo de 2024, y desde entonces, la solicitud ha estado en un estado de congelación, sin avances significativos.
Además, la demanda de que el catalán pueda ser utilizado en los plenos de la Eurocámara también ha avanzado poco. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha creado un grupo de trabajo para abordar el tema, pero hasta ahora no se han logrado resultados concretos. La falta de progreso en este ámbito refleja la complejidad de la situación y la resistencia que enfrenta el Gobierno español en su intento de avanzar en esta cuestión lingüística.
En resumen, el camino hacia la oficialidad del catalán en la UE se presenta lleno de obstáculos y desafíos. La oposición de varios Estados miembros, junto con las dudas legales y logísticas, complican la posibilidad de que esta lengua obtenga el reconocimiento que busca el Gobierno de Sánchez. A medida que se acercan las fechas clave para la discusión, el futuro del catalán en el contexto europeo sigue siendo incierto.
