El Gobierno español ha reafirmado su compromiso con la reubicación de 4.400 menores migrantes que actualmente se encuentran en Canarias y Ceuta. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha indicado que, a partir de hoy, el Ejecutivo está preparado para iniciar los traslados de estos menores hacia el verano, a pesar de los obstáculos administrativos y jurídicos planteados por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Esta situación ha generado un clima de tensión entre el Gobierno y las comunidades, especialmente en la reunión convocada para discutir los criterios de distribución de los menores.
La ministra Rego ha hecho un llamado a la “humanización” del proceso, rechazando las acusaciones de agravios comparativos con respecto a Cataluña, que han sido mencionadas por los populares. En su intervención, Rego subrayó que la situación en Canarias es crítica y que es necesario actuar con responsabilidad. La previsión es que comunidades como Cataluña y Madrid reciban entre 20 y 30 y unos 700 menores, respectivamente. Esta diferencia en las cifras se justifica por la capacidad de acogida existente en cada comunidad, donde Cataluña, Euskadi y Navarra son las que cuentan con más plazas disponibles.
El Gobierno ha establecido que los criterios para la reubicación de los menores se basarán en parámetros como la población, la renta per cápita, la tasa de desempleo y otros factores que reflejan la capacidad de acogida de cada comunidad. Sin embargo, la falta de acuerdo unánime en la conferencia sectorial podría llevar a la implementación de criterios que no satisfacen a todas las partes involucradas. La ministra ha expresado su confianza en que las comunidades gobernadas por el PP cumplirán con la ley y que las amenazas de recursos legales no retrasarán el proceso de reubicación.
### Desafíos en la Implementación de Protocolos de Acogida
Para llevar a cabo la reubicación de los menores migrantes, el Consejo de Ministros debe aprobar un decreto que defina los pasos a seguir en este proceso. Además, se está trabajando en otro decreto que establecerá protocolos comunes para las comunidades autónomas en sus sistemas de acogida. Este ‘real decreto de determinación de estándares mínimos en el sistema de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes’ tiene como objetivo establecer exigencias mínimas en cuanto a infraestructuras, ratios de menores por trabajador social y otros aspectos fundamentales para garantizar el bienestar de los menores.
El Gobierno ha señalado que se incluirá un régimen sancionador para aquellas comunidades que no se ajusten a los nuevos protocolos o que incumplan la obligación de informar al Estado sobre las inspecciones realizadas. Esto es crucial, ya que las competencias en materia de acogida recaen en las comunidades autónomas, lo que complica la coordinación entre las distintas administraciones.
La ministra Rego ha criticado abiertamente al PP por lo que considera una deshumanización de la infancia migrante y ha señalado que el partido está alineado con la agenda de Vox, lo que dificulta aún más la colaboración entre el Gobierno y las comunidades. A pesar de las tensiones, el Ejecutivo se prepara para un “frente común” en defensa de la reubicación de menores y ha advertido sobre las consecuencias de los incumplimientos administrativos, que podrían incluso tener repercusiones penales.
La situación de los menores migrantes en España es un tema de gran relevancia social y política. La presión sobre las comunidades autónomas para acoger a estos menores ha aumentado, y el Gobierno se enfrenta al desafío de equilibrar las necesidades de los menores con las capacidades de acogida de cada región. La falta de consenso entre las comunidades y el Gobierno podría complicar aún más la situación, especialmente en un contexto donde la llegada de menores migrantes ha sido constante.
A medida que se acerca el verano, el tiempo es un factor crítico en este proceso. La ministra Rego ha reiterado la urgencia de actuar y ha instado a las comunidades a colaborar en la búsqueda de soluciones efectivas para la reubicación de los menores. La situación en Canarias, donde la presión sobre los sistemas de acogida es más intensa, requiere una respuesta rápida y coordinada para evitar que se convierta en una crisis humanitaria.
El Gobierno está decidido a avanzar en la reubicación de los menores migrantes, pero la oposición de algunas comunidades y la complejidad del proceso administrativo presentan desafíos significativos. La próxima reunión de la conferencia sectorial será clave para determinar el rumbo de esta iniciativa y para establecer un marco de colaboración que permita abordar de manera efectiva la situación de los menores migrantes en España.
