El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido detenido nuevamente por las autoridades, esta vez en relación con su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre del año pasado. La detención, que se produjo el 10 de julio de 2025, fue ordenada por el juez Nam Se-jin del Tribunal del Distrito Central de Seúl, quien accedió a la solicitud del fiscal especial Cho Eun-suk. Este último argumentó que existía un riesgo significativo de que Yoon pudiera destruir pruebas relevantes para su caso penal.
Yoon enfrenta múltiples cargos que incluyen obstrucción especial de deberes oficiales, violación de la ley del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), abuso de autoridad, falsificación de documentos oficiales y destrucción o manipulación de registros públicos. El expresidente y su equipo legal han rechazado todas las acusaciones, pero la gravedad de los cargos ha llevado a su traslado al Centro de Detención de Seúl, donde permanecerá bajo custodia.
Este es el segundo arresto de Yoon desde que fue suspendido de sus funciones como presidente tras un proceso de ‘impeachment’ en enero de 2025. Su destitución oficial se produjo en abril, cuando se declaró inconstitucional su decreto de estado de excepción. La investigación liderada por Cho ha revelado detalles preocupantes sobre cómo Yoon intentó legitimar su intento de imponer la ley marcial, lo que ha llevado a la fiscalía a actuar con firmeza.
Uno de los aspectos más controvertidos de su intento de ley marcial fue la reunión del Gabinete que convocó el 3 de diciembre de 2024. Según los fiscales, Yoon solo invitó a 10 de los 19 ministros, todos ellos considerados leales a su administración, excluyendo a los demás para evitar cualquier oposición. La reunión, que duró menos de cinco minutos, fue presentada como un mero trámite formal, a pesar de que la Constitución exige una deliberación completa del Gabinete. Posteriormente, se alega que un funcionario presidencial falsificó las actas de la reunión para dar la impresión de que hubo un debate más extenso y participativo.
Además, se le acusa de haber instruido a su portavoz a difundir información falsa a medios internacionales, afirmando que su decreto de ley marcial no violaba el orden constitucional y que no había restricciones para que los legisladores accedieran a la Asamblea Nacional para votar sobre la suspensión del estado de emergencia. Estas acciones han generado un gran escándalo y han puesto en tela de juicio la integridad de su administración.
Las acusaciones también incluyen un incidente en el que Yoon supuestamente ordenó a su personal de seguridad que desenfundaran sus armas en caso de un intento de detención, lo que podría interpretarse como un intento de intimidar a las autoridades. Asimismo, se le imputa haber ordenado la eliminación de registros de canales cifrados utilizados por militares involucrados en su administración, así como la redacción de documentos antedatados para dar una apariencia de legalidad a la ley marcial, que luego fueron destruidos.
La situación de Yoon ha generado un intenso debate en la sociedad surcoreana, donde muchos ciudadanos están preocupados por el estado de la democracia y la legalidad en el país. La detención del expresidente ha reavivado las discusiones sobre el uso del poder y la responsabilidad de los líderes políticos. La fiscalía ha dejado claro que no escatimará esfuerzos para llevar a cabo una investigación exhaustiva y justa, mientras que los defensores de Yoon argumentan que las acusaciones son parte de una cacería de brujas política.
A medida que avanza el proceso judicial, se espera que el caso de Yoon Suk-yeol continúe captando la atención tanto a nivel nacional como internacional. La forma en que se maneje esta situación podría tener repercusiones significativas para el futuro político de Corea del Sur y para la percepción pública de la justicia en el país. La detención de Yoon no solo es un evento aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio de tensiones políticas y sociales que han marcado la historia reciente de Corea del Sur.
