La devastación causada por la DANA en Aldaia ha dejado a muchos negocios y hogares en una situación crítica. Uno de los casos más emblemáticos es el de la pastelería Selvi, cuyo propietario, Rafa Hoyo, ha enfrentado no solo la pérdida de su maquinaria y ahorros, sino también un inesperado problema fiscal tras recibir ayudas para la recuperación. Tras la riada del 29 de octubre, Hoyo encontró su local inundado de barro y escombros, con maquinaria destrozada y un panorama desolador. A pesar de la adversidad, logró reunir 100.000 euros a través de diversas fuentes, incluyendo crowdfunding y donaciones de empresarios como Juan Roig y la Fundación José Andrés.
Sin embargo, al momento de hacer su declaración de impuestos, se dio cuenta de que las ayudas recibidas, aunque destinadas a la recuperación, tributan como ingresos ordinarios. Esto significa que Hoyo debe pagar entre 21% y 23% en impuestos sobre esas ayudas, lo que se traduce en una carga fiscal de 20.000 euros que ya ha invertido en la reparación de su local. «Hemos tenido que actuar a ciegas», lamenta Hoyo, quien señala la falta de información sobre la tributación de estas ayudas. A pesar de que algunas ayudas del Gobierno central están exentas de impuestos, la mayoría de las recibidas de fuentes privadas no lo están, lo que ha complicado aún más su situación financiera.
### La Lucha por la Recuperación de Hogares
Otro caso significativo es el de Carmen García, quien vio su hogar completamente arrasado por la riada. Con el agua alcanzando 1,60 metros de altura, su vivienda ha sufrido daños estructurales severos. Actualmente, Carmen vive temporalmente con vecinos, ya que su casa es inhabitable. A pesar de la urgencia de realizar reparaciones, se enfrenta a un nuevo obstáculo: la tasa urbanística del 1% sobre el presupuesto de las obras, que no ha sido bonificada por el Ayuntamiento de Aldaia. Esto significa que, para obtener la licencia de obras, debe pagar 1.200 euros, un gasto que no puede permitirse en su situación actual.
Carmen había planeado una reforma completa de su vivienda, estimando un costo total de 120.000 euros. Sin embargo, ante la exigencia de la tasa, ha decidido limitarse a realizar solo las reparaciones estructurales, que costarán alrededor de 26.000 euros. «El Ayuntamiento no parece entender que no estoy reformando mi casa por gusto, sino porque es una necesidad urgente», expresa con frustración. Además, el valor catastral de su vivienda es significativamente menor que el precio de compra, lo que ha limitado las ayudas que ha podido recibir del Consorcio de Compensación de Seguros.
La situación de Carmen refleja un problema más amplio que enfrentan muchos afectados por la DANA: la falta de información y apoyo adecuado para navegar por el complejo sistema de ayudas y tributaciones. A pesar de que algunas iniciativas solidarias han logrado ofrecer apoyo sin cargas fiscales, muchos damnificados se sienten perdidos y desinformados sobre sus derechos y opciones.
### Implicaciones de las Ayudas y la Tributación
La experiencia de Hoyo y García pone de manifiesto la necesidad de una revisión de las políticas fiscales relacionadas con las ayudas de emergencia. La tributación de las ayudas privadas, que se supone deben facilitar la recuperación, se convierte en un obstáculo que agrava la situación de los afectados. La falta de claridad en la normativa fiscal y la ausencia de una comunicación efectiva por parte de las autoridades han llevado a que muchos damnificados actúen sin conocer las implicaciones de las ayudas que reciben.
El Ayuntamiento de Aldaia ha argumentado que no puede bonificar la tasa de licencia urbanística debido a la normativa vigente, lo que ha generado descontento entre los afectados. Mientras que se han implementado reducciones en otras tasas, como el Impuesto de Construcciones, la falta de flexibilidad en la tasa de licencias ha sido criticada por quienes se encuentran en situaciones desesperadas.
La situación de los afectados por la DANA en Aldaia es un claro ejemplo de cómo las políticas públicas deben adaptarse a las realidades de las emergencias. La recuperación no solo implica la reparación de infraestructuras y hogares, sino también un enfoque integral que considere las necesidades fiscales y económicas de los damnificados. Sin un cambio en la forma en que se gestionan las ayudas y su tributación, muchos seguirán enfrentando dificultades para reconstruir sus vidas tras la devastación de la riada.
