El Gobierno español se enfrenta a un reto significativo en la presentación de los Presupuestos Generales de 2026, ya que el plazo constitucional para su entrega al Congreso ha expirado sin que se hayan iniciado los trámites necesarios. Este escenario no solo complica el calendario legislativo, sino que también plantea la posibilidad de que los presupuestos de 2023 se prorroguen automáticamente, convirtiéndose en los más prolongados en la historia democrática del país. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que se están ajustando los últimos números del proyecto, pero la falta de avances concretos genera incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones.
La situación se agrava por las tensiones internas dentro del Gobierno, especialmente entre los socios de coalición. Los ministros de Sumar han expresado su rechazo al plan de paz propuesto por Estados Unidos para Gaza, que ha sido respaldado por el presidente Pedro Sánchez. Esta discrepancia resalta las divisiones en la política exterior del Gobierno y podría influir en las negociaciones presupuestarias. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de «terrible» la postura de Sánchez, sugiriendo que su apoyo al plan de Trump coloca al Gobierno en el «lado incorrecto de la historia».
Por otro lado, el diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha instado a Sánchez a convocar elecciones si no logra aprobar los nuevos presupuestos, señalando que la falta de cuentas públicas podría tener repercusiones graves para la estabilidad del Gobierno. Esta presión política se suma a la crítica generalizada sobre la gestión de los recursos públicos y la necesidad de abordar las prioridades en infraestructuras y servicios sociales.
La situación actual también ha llevado a la oposición a criticar la inacción del Gobierno. La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha calificado la falta de presentación de los presupuestos como una «manifiesta inconstitucionalidad» y ha argumentado que la prioridad de Sánchez parece ser mantenerse en el poder en lugar de abordar las necesidades del país. Esta crítica se ve reforzada por el contexto de investigaciones que afectan a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, lo que añade un nivel de complejidad a la situación política.
En medio de este panorama, el lehendakari Imanol Pradales ha denunciado la manipulación de la defensa del euskera por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que refleja las tensiones regionales y la polarización política en España. La manipulación de las palabras de Pradales ha sido calificada de «preocupante y grave», lo que indica que la política en España está marcada por una retórica intensa y divisiva.
Además, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un anteproyecto de ley integral contra la violencia vicaria, que busca tipificar esta forma de violencia de género en el Código Penal. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno para abordar la violencia de género y proteger a las víctimas, aunque su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para navegar por el complicado panorama político actual.
En resumen, la falta de avances en la presentación de los Presupuestos Generales de 2026, junto con las tensiones internas y las críticas de la oposición, crean un entorno desafiante para el Gobierno español. La necesidad de abordar las prioridades sociales y económicas se vuelve cada vez más urgente, mientras que la presión política aumenta sobre Sánchez y su equipo para que actúen de manera decisiva y efectiva en este contexto complejo.
