La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha generado un intenso debate en torno a la capacidad del sistema para cumplir con los plazos establecidos por la ley. Recientemente, la Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defendió la suficiencia del plazo de 15 días para trasladar a estos menores, aunque reconoció que la falta de recursos por parte del Estado complica su cumplimiento. Esta problemática ha sido objeto de atención tanto a nivel local como nacional, y plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas migratorias en España.
**El Plazo de 15 Días: Un Desafío Logístico**
El real decreto ley que establece un plazo de 15 días para el traslado de menores migrantes no acompañados ha sido objeto de críticas por su viabilidad. La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha señalado que es «muy difícil» determinar la edad de estos menores en tan corto tiempo, lo que ha llevado a cuestionar la idoneidad de la normativa vigente. A pesar de estas preocupaciones, la Consejera Delgado ha insistido en que la ley debe ser cumplida, argumentando que la dificultad radica en la falta de medios y no en la normativa en sí.
Desde marzo, cuando se aprobó el real decreto, el Gobierno canario ha alertado sobre la necesidad de más recursos para gestionar adecuadamente el proceso de identificación y traslado de estos menores. Delgado ha subrayado que el Gobierno regional ha tomado medidas al contratar a 39 personas dedicadas exclusivamente a esta tarea, pero ha instado a otras administraciones, como la Fiscalía y el Ministerio del Interior, a incrementar sus esfuerzos y recursos para facilitar el cumplimiento de la ley.
La falta de personal y recursos adecuados ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la gestión de la migración en Canarias. La Consejera ha enfatizado que el Estado tiene la capacidad de proporcionar el personal necesario para llevar a cabo estas tareas, sugiriendo que la estructura actual no es suficiente para abordar la situación de manera efectiva. Esto plantea un dilema sobre la responsabilidad compartida entre las diferentes administraciones en la gestión de la migración y el bienestar de los menores.
**La Realidad de los Menores Migrantes en Canarias**
La llegada de menores migrantes no acompañados a las costas canarias ha aumentado en los últimos años, lo que ha puesto una presión adicional sobre los servicios sociales y las instituciones encargadas de su atención. Estos menores, a menudo provenientes de contextos de vulnerabilidad extrema, enfrentan múltiples desafíos, desde la identificación y el establecimiento de su edad hasta la integración en un nuevo entorno.
La Consejera Delgado ha destacado que, aunque el plazo de 15 días es un marco legal, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja. La identificación de la edad de los menores requiere de procedimientos que pueden ser largos y complicados, lo que hace que cumplir con el plazo establecido sea una tarea monumental. La falta de recursos no solo afecta la capacidad de respuesta inmediata, sino que también impacta en la calidad de la atención que reciben estos menores, quienes necesitan un entorno seguro y adecuado para su desarrollo.
Además, la situación de los menores migrantes en Canarias no es solo un problema logístico, sino que también plantea cuestiones éticas y de derechos humanos. La comunidad internacional ha instado a los gobiernos a garantizar la protección de los derechos de los menores, independientemente de su estatus migratorio. Esto incluye el acceso a servicios básicos, educación y atención psicológica, aspectos que son fundamentales para su bienestar y desarrollo.
La Consejera ha hecho un llamado a la colaboración entre las distintas administraciones para abordar esta crisis de manera integral. La contratación de personal adicional y la mejora de los recursos disponibles son pasos necesarios, pero también se requiere un enfoque más amplio que contemple la prevención de la migración forzada y la promoción de alternativas viables para los jóvenes en sus países de origen.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta Europa en términos de migración y asilo. A medida que las políticas se desarrollan y se implementan, es crucial que se priorice el bienestar de los menores y se garantice que se cumplan sus derechos. La capacidad de respuesta del sistema dependerá en gran medida de la voluntad política y de la colaboración entre las diferentes partes involucradas en este complejo proceso.
