Un tribunal federal en Nueva York ha emitido un fallo que bloquea la política arancelaria implementada por el expresidente Donald Trump, argumentando que excedió su autoridad al imponer aranceles a varios países, incluyendo a la Unión Europea. Esta decisión representa un revés significativo para la administración de Trump, que ha estado utilizando los aranceles como herramienta de presión en su estrategia comercial. La corte ha determinado que los aranceles globales del 10% y otros impuestos más altos a países como Canadá, México y China fueron impuestos de manera ilegal, ya que el presidente no tenía la autoridad para hacerlo bajo la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).
La sentencia fue unánime entre los tres jueces del Tribunal Estadounidense de Comercio Internacional, quienes señalaron que la administración de Trump no puede justificar la imposición de aranceles bajo la premisa de que el déficit comercial de EE.UU. constituye una «emergencia nacional». En su fallo, los jueces afirmaron que el uso de aranceles como herramienta de negociación no está permitido por la ley federal, independientemente de su efectividad o sensatez. Esta decisión ha sido recibida con entusiasmo en los mercados, donde el dólar se ha revalorizado frente a otras monedas.
La administración de Trump ha reaccionado de inmediato, denunciando la decisión judicial y anunciando su intención de apelar. Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al expresidente, ha criticado la independencia judicial, calificando el fallo como un «golpe judicial». Esta situación ha generado un debate sobre el alcance de los poderes del presidente y la capacidad de los tribunales para frenar acciones ejecutivas que consideran excesivas.
La batalla legal en torno a los aranceles ha sido intensa, con al menos siete casos presentados en diferentes cortes. Entre los demandantes se encuentran 12 estados gobernados por demócratas, así como pequeños negocios que han sido afectados por los aranceles. El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, ha declarado que la sentencia reafirma la importancia de las leyes y su cumplimiento. Además, se ha mencionado que esta decisión podría obligar al gobierno a devolver los aranceles ya cobrados, lo que podría tener un impacto significativo en la economía.
El tribunal ha dado un plazo de diez días al gobierno para poner fin a los aranceles, lo que podría complicar las negociaciones comerciales que Trump ha estado llevando a cabo con varios países. Hasta ahora, sus esfuerzos han resultado en un marco para un acuerdo con el Reino Unido y una tregua parcial con China, aunque los aranceles no han sido eliminados por completo. La administración había advertido que un fallo en contra podría descarrilar estas negociaciones, lo que añade una capa de incertidumbre a la política comercial de EE.UU.
La decisión del tribunal no solo afecta a la política comercial de Trump, sino que también plantea preguntas sobre la separación de poderes en el gobierno estadounidense. La capacidad del presidente para actuar sin la aprobación del Congreso ha sido un tema de debate desde que Trump asumió el cargo. La supermayoría conservadora en la Corte Suprema podría jugar un papel crucial en el desenlace de esta disputa legal, ya que el caso podría llegar a ser revisado por el máximo tribunal del país.
En resumen, el fallo del tribunal federal en Nueva York representa un golpe significativo para la administración de Trump y su enfoque hacia la política comercial. La decisión subraya la importancia de la legalidad en la imposición de aranceles y el respeto a los límites de poder establecidos por la ley. A medida que la administración se prepara para apelar, el futuro de la política arancelaria de EE.UU. queda en un estado de incertidumbre, con posibles repercusiones tanto económicas como políticas en el horizonte.
