El Pleno del Congreso de los Diputados se prepara para un debate crucial este jueves, donde se discutirá una enmienda de totalidad presentada por Vox a la proposición de ley del PSOE. Esta ley busca establecer un mecanismo que permita a los profesionales colegiados transferir sus derechos económicos acumulados en mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La propuesta del PSOE, que fue admitida a trámite hace un mes con el apoyo del Partido Popular, plantea que los profesionales colegiados se integren al RETA de manera gradual hasta el año 2027, asegurando así su suscripción a este régimen.
### Contexto de la Propuesta
La necesidad de esta medida surge de un conflicto que ha perdurado durante años, afectando a las pensiones de profesiones colegiadas como la abogacía y la arquitectura. Estas profesiones han enfrentado situaciones de desprotección, con pensiones que no garantizan un nivel de vida adecuado debido a cambios normativos que han impactado negativamente en su situación económica. La propuesta del PSOE tiene como objetivo ofrecer una solución a este problema, permitiendo que los colegiados profesionales se pasen al RETA, un sistema que promete una mayor seguridad y protección social.
Por su parte, Vox ha presentado un texto alternativo que busca mantener la opción de elegir entre el RETA y las mutualidades. Según su propuesta, se eliminaría la obligación de pasar al RETA a partir de 2027, permitiendo a los profesionales decidir si desean continuar en el sistema mutualista. Esta alternativa también incluye modificaciones a varios puntos de la Ley General de la Seguridad Social, con el fin de reforzar la inclusión obligatoria en el RETA, pero sin eliminar la opción de permanecer en la mutualidad para aquellos que se inscribieron antes del 10 de noviembre de 1995.
### Detalles de la Propuesta de Vox
La propuesta de Vox incluye varias medidas significativas que buscan garantizar los derechos de los mutualistas. Uno de los puntos clave es la creación de una cláusula de garantía de derechos para aquellos que opten por las mutualidades alternativas, asegurando que las prestaciones no estén vinculadas exclusivamente a las cotizaciones del RETA. Además, se establecen estándares mínimos de cobertura y cuantía para las prestaciones otorgadas por las mutualidades, lo que busca asegurar que estas no queden por debajo de los niveles mínimos del sistema público.
Vox también propone una nueva disposición transitoria que establece una senda de convergencia progresiva para las cuotas de los mutualistas, alcanzando el 100% de la cuota mínima del RETA para el año 2027. Esta medida incluye un ajuste del 86% en 2025 y del 93% en 2026, en función del tipo general de cotización y la base mínima correspondiente. La idea es que los profesionales colegiados, tanto activos como pasivos, puedan solicitar la transferencia de sus derechos económicos acumulados en las mutualidades a periodos cotizados en el régimen público, asegurando que cada mes cotizado en una mutualidad sea reconocido como un mes cotizado en el RETA.
Además, se contempla la posibilidad de que los profesionales jubilados que accedan a una pensión pública puedan seguir ejerciendo su profesión por cuenta propia sin perder dicha pensión. Esto les permitiría optar por cotizar en su mutualidad alternativa, siempre que esta estuviera autorizada antes del 1 de enero de 2027.
Vox argumenta que su propuesta es equilibrada y justa, ya que busca reparar el daño causado a quienes han estado atrapados en un sistema sin garantías equivalentes, al tiempo que protege el derecho de aquellos que desean permanecer en el sistema mutualista. La formación política defiende que esta opción representa una expresión legítima de libertad profesional y pluralismo institucional, en contraposición a otras propuestas que buscan la extinción de las mutualidades como sistema alternativo.
El debate en el Congreso no solo es relevante para los profesionales colegiados, sino que también refleja las tensiones políticas actuales en torno a la protección social y los derechos laborales en España. La decisión que se tome podría tener un impacto significativo en la vida de miles de profesionales que dependen de estas estructuras para su seguridad económica y social. A medida que se acerca la fecha del debate, la atención se centra en cómo se desarrollarán las discusiones y qué decisiones se tomarán en relación con el futuro de los profesionales colegiados en el país.
