La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha tomado la decisión de cesar a su jefe de prensa, José González, tras un incidente ocurrido en la noche anterior en la residencia de su expareja. Este altercado ha generado una serie de reacciones y ha puesto en el centro del debate la conducta de los funcionarios públicos en el ámbito de la comunicación institucional.
El suceso se produjo cuando González, aparentemente, acudió a la casa de su exmujer y comenzó a llamar insistentemente al timbre. Este comportamiento desató un intercambio de palabras que, aunque no se tradujo en insultos o maltrato físico, ha sido considerado inapropiado. A la mañana siguiente, la expareja de González se presentó en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Torrent para presentar una denuncia, aunque posteriormente decidió no formalizarla. A pesar de esto, González ha prestado declaración sobre lo sucedido, lo que ha añadido más tensión a la situación.
La alcaldesa Folgado, al enterarse del incidente, no tardó en firmar el decreto de cese de González. Sin embargo, la duración de este cese es incierta, ya que no se ha especificado si será temporal o definitivo. En sus declaraciones, González ha manifestado que respeta la figura de la mujer y ha calificado el incidente como un simple desacuerdo, restándole importancia a lo ocurrido.
### Reprobación Institucional y Críticas a la Conducta de González
La situación ha escalado aún más con la propuesta de reprobación institucional presentada por Guillermo Alonso del Real, concejal del grupo de No Adscritos en el Ayuntamiento de Torrent. Esta moción, que se debatirá en el próximo pleno municipal, busca condenar la conducta de González, a quien se le acusa de actuar de manera incompatible con los principios de neutralidad y respeto que deben regir la comunicación institucional.
En la exposición de motivos de la moción, Alonso del Real enfatiza que el correcto funcionamiento de una institución democrática exige que sus representantes y colaboradores actúen con responsabilidad y respeto. La comunicación institucional, según el concejal, debe representar a todos los vecinos de Torrent y no convertirse en un instrumento personal o partidista. Esta postura ha resonado entre varios sectores de la comunidad, que ven en el comportamiento de González un reflejo de una falta de profesionalismo que no debería ser tolerada en el ámbito público.
Entre los incidentes que han llevado a la propuesta de reprobación se encuentran diversas intervenciones ofensivas en redes sociales y enfrentamientos verbales con vecinos. Uno de los episodios más destacados fue el ocurrido durante la reinauguración del puente Torrent–Alaquàs, donde González se enfrentó a ciudadanos que se manifestaban en memoria de las víctimas de la DANA, un evento que generó gran controversia y críticas hacia su actitud.
La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer límites claros en la conducta de los funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan cargos de comunicación. La percepción de que la comunicación institucional debe ser un espacio de respeto y neutralidad es fundamental para mantener la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
### Implicaciones para la Comunicación Institucional
El cese de José González y la moción de reprobación plantean interrogantes sobre cómo se debe gestionar la comunicación en el ámbito público. La comunicación institucional no solo debe informar, sino también representar los intereses y preocupaciones de la comunidad. En este sentido, la conducta de quienes están al frente de estas comunicaciones es crucial.
La situación en Torrent es un recordatorio de que los funcionarios públicos deben ser conscientes de que su comportamiento, tanto en el ámbito personal como profesional, puede tener repercusiones significativas. La falta de respeto y la incapacidad para manejar conflictos de manera adecuada pueden erosionar la confianza pública y afectar la imagen de la institución que representan.
Además, este caso resalta la importancia de contar con protocolos claros que regulen la conducta de los funcionarios en situaciones de conflicto. La implementación de códigos de conducta y la formación en habilidades de comunicación y manejo de conflictos podrían ser pasos necesarios para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La crisis en el Ayuntamiento de Torrent es un ejemplo de cómo los problemas personales pueden cruzarse con la esfera pública, y cómo la gestión de la comunicación institucional debe ser tratada con la seriedad que merece. La comunidad espera que este incidente sirva como un punto de inflexión para mejorar la calidad de la comunicación y la conducta de sus representantes.
