La llegada del buen tiempo en la costa mediterránea no solo atrae a turistas y residentes estacionales, sino que también despierta el interés de grupos organizados que buscan okupar propiedades en zonas privilegiadas. En Cullera, una urbanización conocida como 37 Soles ha sido el escenario de intentos de ocupación que han generado preocupación entre los propietarios. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos años, pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y colaboración entre los vecinos y las fuerzas de seguridad.
**El Problema de la Okupación en Cullera**
La urbanización 37 Soles, compuesta por 37 adosados de lujo, ha sido objeto de intentos de okupación que han sido frustrados gracias a la alerta de los residentes. Estos adosados, construidos durante el auge urbanístico, son frecuentemente utilizados solo en períodos vacacionales, lo que los convierte en un blanco atractivo para los okupas. Los intrusos suelen actuar entre semana, cuando la mayoría de los propietarios no se encuentran en sus viviendas, cambiando cerraduras y conectándose de manera fraudulenta a los suministros de agua y electricidad.
La situación se complica aún más debido a que algunos okupas acceden a las propiedades acompañados de menores o animales, lo que dificulta los procesos de desalojo. La colaboración ciudadana ha sido clave en la detección de movimientos sospechosos, lo que permitió a la Policía Local y a la Guardia Civil actuar rápidamente en el último intento de ocupación, evitando que los intrusos se establecieran en las viviendas.
Este no es un problema nuevo para la urbanización 37 Soles, que ya ha enfrentado situaciones similares en años anteriores. En 2023 y 2018, varios adosados fueron okupados, lo que llevó a los propietarios a reforzar las medidas de seguridad en la comunidad. La vigilancia constante y la comunicación entre vecinos han demostrado ser herramientas efectivas para prevenir la ocupación ilegal.
**Redes Organizadas y el Auge del Turismo Ilegal**
Los perfiles de los okupas que se han identificado en Cullera suelen pertenecer a redes organizadas con experiencia en este tipo de actividades. Muchas de estas redes provienen de Europa del Este y del Magreb, y se especializan en identificar zonas de alto interés turístico y bajo tránsito residencial para establecerse sin coste alguno. En algunos casos, las propiedades ni siquiera han sido habitadas o carecen de cédula de habitabilidad, lo que complica aún más la intervención legal.
La urbanización Cap Blanc, que alberga varias promociones inmobiliarias en las zonas altas de Cullera, ha registrado hasta veinte intentos de ocupación ilegal en los últimos años. A pesar de que en 2018 la Guardia Civil desarticuló una banda dedicada a estas prácticas en la región, los incidentes han continuado, especialmente en los meses previos al verano, cuando la demanda de alojamiento en la costa aumenta.
La situación ha llevado a los propietarios a cuestionar la efectividad de las leyes actuales en materia de ocupación y a buscar soluciones más efectivas para proteger sus propiedades. La creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de la comunidad ha impulsado a los residentes a organizarse y a trabajar en conjunto con las autoridades locales para abordar este problema.
La okupación no solo afecta a los propietarios de viviendas, sino que también tiene un impacto en la comunidad en general. La presencia de okupas puede alterar la convivencia y la seguridad en las urbanizaciones, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre los vecinos. Por ello, es fundamental que se implementen medidas más efectivas para prevenir la ocupación ilegal y proteger los derechos de los propietarios.
En este contexto, la colaboración entre vecinos y fuerzas de seguridad se convierte en un elemento esencial para hacer frente a la okupación. La creación de grupos de vigilancia y la promoción de una comunicación fluida entre los residentes pueden ser estrategias efectivas para detectar y prevenir intentos de ocupación. Además, es crucial que las autoridades locales y nacionales revisen y actualicen las leyes relacionadas con la okupación para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante estos casos.
La situación en Cullera es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas comunidades en la costa mediterránea. La combinación de un mercado inmobiliario atractivo y la falta de medidas adecuadas para proteger las propiedades ha creado un caldo de cultivo para la okupación ilegal. Por lo tanto, es imperativo que se tomen acciones decisivas para abordar esta problemática y garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes en la región.
