La situación de la sanidad pública en Andalucía ha generado un intenso debate político, especialmente en torno a las acusaciones de irregularidades en los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha expresado su confianza en que la verdad sobre estos contratos saldrá a la luz, a pesar de las afirmaciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha sido acusado de ocultar información relevante. Esta situación ha llevado a un clima de desconfianza y a la exigencia de mayor transparencia en la gestión de la sanidad pública.
Las denuncias del PSOE-A se centran en la falta de colaboración del Gobierno andaluz con la Justicia. Según Márquez, la Junta no ha proporcionado la documentación solicitada por los tribunales, lo que ha alimentado las sospechas de que hay algo que ocultar. La dirigente socialista ha señalado que la situación es alarmante, ya que se han presentado casi 20 informes de la Intervención General que indican irregularidades en los contratos, y que el presidente ha tomado medidas drásticas contra los funcionarios que han denunciado estas irregularidades. Esto ha llevado a la acusación de que Moreno está utilizando su poder para controlar la información y evitar que se descubran posibles actos de corrupción.
### La Gestión de la Sanidad Pública en el Punto de Mira
La crítica a la gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno del PP-A no se limita a las acusaciones de corrupción. María Márquez ha calificado la gestión de Moreno como un «cero patatero», argumentando que es imposible encontrar a alguien que no esté descontento con el sistema de salud actual. La falta de recursos y la saturación de los servicios han llevado a que muchos andaluces se vean obligados a esperar largos periodos para recibir atención médica, lo que ha generado un descontento generalizado.
Márquez ha denunciado que el nuevo modelo de sanidad implementado por el PP favorece a aquellos que pueden permitirse pagar por servicios privados, mientras que los que dependen del sistema público enfrentan largas esperas y un acceso limitado a tratamientos. Esta situación ha sido calificada como una «destrucción premeditada» de la sanidad pública, lo que ha llevado a la vicesecretaria a exigir una respuesta inmediata del presidente Moreno para que colabore con la Justicia y entregue la documentación requerida.
La crítica se extiende a la forma en que se han manejado los contratos relacionados con la sanidad. Según el PSOE-A, el presidente ha eliminado controles que permitían una supervisión adecuada de los gastos públicos, lo que ha facilitado la posibilidad de corrupción. La falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a la sanidad ha suscitado preocupaciones sobre cómo se están utilizando los recursos de los contribuyentes.
### La Trama de Montoro y su Impacto en Andalucía
Además de las acusaciones relacionadas con la sanidad, el PSOE-A ha comenzado a investigar la posible vinculación de empresas del sector de juegos de azar con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según María Márquez, se están registrando solicitudes de información en el Parlamento para esclarecer si estas empresas se han beneficiado de decisiones tomadas por el Gobierno andaluz que han permitido la instalación de casas de apuestas cerca de centros educativos.
La vicesecretaria ha señalado que la normativa aprobada por la Junta, que permite la ubicación de casas de apuestas a menos de 150 metros de colegios, ha generado un gran debate social, especialmente por el impacto que esto puede tener en las familias y en los jóvenes. La preocupación por la adicción al juego y su relación con la salud pública ha llevado a muchos a cuestionar la ética de estas decisiones. Márquez ha enfatizado que los andaluces merecen saber si estas decisiones han beneficiado a Montoro y a su círculo cercano, lo que podría implicar una trama de corrupción más amplia en la región.
La situación actual en Andalucía refleja un momento crítico en la política regional, donde las acusaciones de corrupción y la gestión de la sanidad pública están en el centro del debate. La presión sobre el Gobierno de Moreno para que actúe con transparencia y colabore con la Justicia es cada vez mayor, mientras que los ciudadanos continúan enfrentando los efectos de un sistema de salud que muchos consideran en crisis. La respuesta del Gobierno andaluz a estas acusaciones y la forma en que maneje la situación en los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de la sanidad pública en la región.
