La situación de los menores migrantes en Andalucía ha alcanzado un punto crítico, según las declaraciones recientes de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Loles López ha expresado su preocupación por la saturación del sistema de protección de menores en la comunidad autónoma, lo que ha llevado a la Junta a considerar la posibilidad de recurrir el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno central. Este decreto establece la capacidad de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes que llegan desde Canarias, Ceuta y Melilla.
La consejera ha señalado que el sistema andaluz ya está colapsado y que la llegada continua de menores no acompañados está poniendo en riesgo tanto a los niños que ya están bajo su protección como a aquellos que se prevé trasladar. En su comunicado, López ha criticado la falta de diálogo y transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que la decisión se ha tomado de manera unilateral, sin tener en cuenta las realidades locales.
### La Realidad de la Acogida en Andalucía
Andalucía ha sido históricamente una región solidaria, dispuesta a acoger a aquellos que buscan refugio y una vida mejor. Sin embargo, la consejera ha enfatizado que esta solidaridad no puede comprometer la atención y protección que los menores migrantes necesitan. En su intervención, López ha mencionado que el Gobierno central ha enviado a Andalucía a 634 menores no acompañados bajo la apariencia de ser mayores de edad, lo que ha generado una carga adicional para un sistema ya sobrecargado.
La consejera ha subrayado que el decreto aprobado por el Gobierno español prioriza los intereses políticos sobre el bienestar de los menores, lo que podría llevar a una situación insostenible. «No podemos permitir que se apilen a los niños en edificios, solo para proteger el sillón de Pedro Sánchez», ha afirmado, destacando la necesidad de priorizar el interés superior de los menores en todas las decisiones que les afecten.
La saturación del sistema de protección de menores en Andalucía no es un problema nuevo, pero la reciente decisión del Gobierno central ha exacerbado la situación. La comunidad autónoma se enfrenta a un desafío monumental, ya que cada semana llegan nuevos menores migrantes no acompañados a sus costas, lo que aumenta la presión sobre un sistema que ya lucha por proporcionar atención adecuada.
### La Llamada a la Acción del Gobierno Andaluz
Loles López ha hecho un llamado al Gobierno central para que reconozca a Andalucía como ‘Frontera Sur’, una petición que ha sido ignorada repetidamente. La consejera ha argumentado que, dada la proximidad de Andalucía al continente africano, es fundamental que el Gobierno asuma su responsabilidad en la gestión de la migración y proporcione los recursos necesarios para atender a los menores que llegan a la región.
La falta de recursos ha sido un argumento recurrente del Gobierno central para justificar su inacción en la protección de los menores migrantes. Sin embargo, López ha señalado que esta situación no puede ser una excusa para imponer decisiones que afectan directamente a la vida de los niños. «El Gobierno no puede escudarse en la falta de recursos mientras impone el reparto de menores sin coordinación ni diálogo», ha afirmado, instando a una colaboración más efectiva entre las distintas administraciones.
La situación actual plantea serios interrogantes sobre la capacidad de Andalucía para seguir siendo un refugio seguro para los menores migrantes. La consejera ha dejado claro que la defensa y protección del interés superior de los niños será siempre la prioridad de su gobierno, pero también ha advertido que sin el apoyo adecuado del Gobierno central, esta misión se vuelve cada vez más difícil.
La crisis de los menores migrantes en Andalucía es un reflejo de un problema más amplio que afecta a toda Europa. La falta de un enfoque coordinado y solidario para abordar la migración ha llevado a situaciones insostenibles en muchas comunidades. La Junta de Andalucía, bajo la dirección de Loles López, está dispuesta a luchar por los derechos de los menores, pero necesita el respaldo del Gobierno central para poder hacerlo de manera efectiva. La situación es urgente y requiere una respuesta inmediata y efectiva que priorice el bienestar de los menores por encima de los intereses políticos.
