El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha marcado un punto de inflexión en la política nacional tras su reciente comparecencia en el Palacio de la Moncloa. Con el mes de septiembre a la vista, se anticipa que será un periodo crucial para evaluar la viabilidad de la actual legislatura. En este contexto, el Gobierno se enfrenta a una serie de retos significativos, incluyendo la reválida del decreto ‘antiapagones’, que fue rechazado en el último pleno antes del receso estival. Además, se busca retomar iniciativas clave, como la ley Bolaños, que propone reformas en el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como la reducción de la jornada laboral. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado la importancia de establecer un techo de gasto para la presentación de los Presupuestos, lo que refleja una hoja de ruta ambiciosa para el Ejecutivo.
La situación se complica aún más por el impacto del caso Cerdán, que ha generado una serie de tensiones dentro del Gobierno. A pesar de los esfuerzos por normalizar la situación, los socios de investidura han emitido advertencias sobre la dificultad de formar mayorías, lo que pone en entredicho la capacidad del Gobierno para avanzar en su agenda legislativa. En lo que va de legislatura, se han derogado cuatro decretos y se han multiplicado los proyectos rechazados, además de que cinco ministros han sido reprobados en las Cortes. Desde el Ejecutivo, se argumenta que estos acontecimientos son parte de la normalidad en un Gobierno en minoría, pero los números sugieren una realidad más compleja.
### La Fragmentación Parlamentaria y sus Consecuencias
Desde que Sánchez asumió la presidencia, el uso del decreto-ley ha aumentado considerablemente, lo que ha llevado a la derogación de seis decretos en total, un número que supera el doble de los derogados en las cuatro décadas anteriores de democracia. Este recurso legislativo, que debe justificarse por una «extraordinaria y urgente necesidad», ha sido utilizado en varias ocasiones, incluyendo la convalidación de decretos en un segundo intento, como ocurrió con la reforma de subsidios de desempleo. Sin embargo, la reciente falta de apoyo en el Congreso ha llevado al Gobierno a retirar leyes en el último momento, como la ley del Suelo y la senda de estabilidad, lo que refleja una creciente dificultad para avanzar en su agenda.
La reprobación de ministros también ha marcado un hito en esta legislatura. Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, se han producido once reprobaciones, en comparación con las cinco del Gobierno de Mariano Rajoy. Este fenómeno no solo es simbólico, sino que también indica una disminución en la producción legislativa. En la anterior legislatura, se aprobaron más de cincuenta normas anualmente, mientras que en los últimos dos años, esa cifra ha caído a 42. Esta tendencia plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus promesas y avanzar en su agenda.
### Estrategias para la Negociación y el Futuro de la Legislatura
Con las cuentas públicas de 2023 prorrogadas, el Gobierno ha comenzado a preparar el terreno para la presentación de los Presupuestos de 2026, aunque sin comprometerse a someterlos a votación. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enfatizado la necesidad de garantías previas para su tramitación, lo que indica que el Ejecutivo es consciente de la fragilidad de su posición. La estrategia ahora se centra en atar a los socios de investidura, acelerando los acuerdos pendientes a partir de septiembre.
Las negociaciones con partidos como el PNV ya han comenzado, priorizando la transferencia de competencias y buscando establecer un calendario claro. Con ERC, se han realizado avances en la financiación singular, mientras que con Junts se espera avanzar en las conversaciones en Ginebra, con la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la incertidumbre persiste, especialmente con respecto a Podemos, que ha mostrado una actitud reticente a la negociación. Esta situación podría complicar aún más cualquier intento del Gobierno de avanzar en su agenda legislativa.
La fragmentación del Congreso y la falta de mayorías claras, tanto de izquierdas como de derechas, han llevado a un escenario político complejo. A pesar de los esfuerzos del PSOE por articular consensos, la realidad es que la inestabilidad legislativa se ha convertido en una constante. La capacidad del Gobierno para navegar en este entorno dependerá de su habilidad para negociar y encontrar puntos en común con sus socios, así como de su capacidad para presentar propuestas que sean aceptables para un amplio espectro político. En este sentido, el futuro de la legislatura se presenta incierto, y la presión sobre el Gobierno para cumplir con sus compromisos aumentará a medida que se acerquen las fechas clave para la aprobación de los Presupuestos.
