La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) ha sido un pilar fundamental para muchas familias en la Comunidad Valenciana, proporcionando un soporte económico esencial para aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. Sin embargo, un reciente informe del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) ha revelado un descenso significativo en el número de beneficiarios de esta ayuda, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la población afectada. En el primer trimestre de 2025, se registraron 73.265 personas que recibían la RVI, lo que representa una disminución del 9,3% en comparación con el año anterior, cuando 80.793 valencianos eran beneficiarios de esta ayuda. Este cambio ha dejado a más de 7.500 personas sin el apoyo que anteriormente recibían, lo que plantea interrogantes sobre las causas y las posibles soluciones a esta problemática.
El informe detalla que la reducción en el número de titulares de la RVI ha sido notable, pasando de 39.076 en el último trimestre de 2024 a 35.752 en el primer trimestre de 2025. Esta disminución ha afectado especialmente a la provincia de València, donde 1.997 titulares han dejado de recibir la ayuda, y 719 de ellos residen en los municipios que sufrieron los estragos de la dana el pasado octubre. Las localidades más impactadas incluyen Paterna y Torrent, que han visto caer el número de beneficiarios en 283 y 204, respectivamente. Sin embargo, no todos los municipios han experimentado una pérdida; algunos, como Paiporta y Silla, han registrado un aumento en el número de destinatarios de la RVI, lo que sugiere que la situación es desigual y compleja.
Una de las razones detrás de esta disminución en los beneficiarios de la RVI es la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha absorbido a muchas familias que anteriormente dependían de la RVI. Esta ayuda estatal, diseñada para garantizar un ingreso mínimo a los hogares en situación de vulnerabilidad, ha aumentado en un 9% desde enero de 2025, lo que ha llevado a que muchas familias opten por el IMV en lugar de la RVI. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha reconocido esta situación y está trabajando en una modificación de la ley de la RVI para evitar que el IMV continúe absorbiendo a los beneficiarios de la ayuda autonómica. Según Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, la nueva ley permitirá revalorizar las cuantías de la RVI de acuerdo con el IPC y a propuesta de la conselleria, lo que podría ayudar a mantener a más familias dentro del sistema de ayudas.
La revalorización de la RVI es crucial, ya que actualmente se basa en un indicador de referencia de 2019, lo que ha generado una brecha de pobreza que afecta a muchas familias. Las nuevas medidas propuestas buscan actualizar este indicador y ajustar las cuantías de la RVI para que sean más competitivas en comparación con el IMV. Esto es especialmente importante para las familias más grandes, que a menudo se ven excluidas del sistema de RVI debido a que el IMV ofrece mayores beneficios en situaciones específicas.
La situación es alarmante, ya que las familias son las principales afectadas por esta absorción de la RVI. Las unidades de convivencia más grandes, que incluyen a varios adultos y menores, están siendo atendidas casi exclusivamente por el IMV, mientras que la RVI se queda con unidades unipersonales. Esto significa que muchas familias que antes recibían la RVI ahora se ven obligadas a depender del IMV, lo que puede no ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas. La falta de una ayuda adecuada puede llevar a un aumento en la pobreza y la exclusión social, lo que es preocupante para el bienestar de la comunidad.
El IMV y la RVI, aunque tienen el mismo objetivo de garantizar ingresos mínimos, funcionan de manera diferente y están sujetos a distintas regulaciones. La RVI fue implementada en la Comunidad Valenciana en 2017 y ha sido un complemento importante para muchas familias, pero su efectividad se ve amenazada por la revalorización del IMV. La falta de coordinación entre ambas ayudas ha llevado a que muchas familias se queden sin el apoyo que necesitan, lo que plantea la necesidad de una revisión y mejora en la gestión de estas ayudas.
El futuro de la Renta Valenciana de Inclusión es incierto, pero las autoridades están tomando medidas para abordar los problemas actuales. La modificación de la ley y la revalorización de las cuantías son pasos necesarios para garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad no se queden desprotegidas. La situación actual es un recordatorio de la importancia de contar con un sistema de ayudas que funcione de manera efectiva y que se adapte a las necesidades cambiantes de la población. La lucha contra la pobreza y la exclusión social debe ser una prioridad para garantizar un futuro más justo y equitativo para todos los valencianos.
