La devastadora dana que azotó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024 ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de la región. Con 228 fallecidos y un número incalculable de daños materiales, la tragedia ha desencadenado una serie de investigaciones judiciales que han puesto en tela de juicio la gestión de las autoridades locales. A seis meses de la catástrofe, la situación judicial sigue evolucionando, y las víctimas continúan buscando respuestas y justicia.
La instrucción judicial comenzó inmediatamente después del desastre, con 21 juzgados de 10 partidos judiciales abriendo diligencias para investigar las causas de las muertes. Sin embargo, la falta de un juzgado asignado para centralizar la investigación ha generado críticas sobre la eficiencia del sistema judicial. A finales de 2024, la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidieron no investigar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a otros altos funcionarios, lo que dejó a muchos preguntándose si se estaba haciendo lo suficiente para esclarecer los hechos.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, asumió la responsabilidad de centralizar las diligencias a partir de enero de 2025. Desde entonces, ha sido reconocida por su empatía hacia las víctimas y su compromiso con la justicia. En un auto del 11 de febrero, describió el 29 de octubre como un «episodio dantesco» que causó un daño psicológico significativo a los familiares de los fallecidos. La jueza ha tomado decisiones rápidas y efectivas, abriendo 68 piezas separadas para investigar cada una de las víctimas y mostrando una sensibilidad notable hacia las familias afectadas.
Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación ha sido la gestión de las alertas de emergencia. Las familias de las víctimas han señalado que el aviso de evitar desplazamientos llegó demasiado tarde, a las 20:11 horas, cuando muchas de las muertes ya se habían producido. La jueza ha subrayado que las muertes podrían haberse evitado si se hubiera actuado con mayor diligencia. En sus declaraciones, ha enfatizado que «los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí», lo que ha llevado a un examen más profundo de la responsabilidad de las autoridades en la gestión de la emergencia.
La investigación ha revelado que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se convocó con gran demora y que las decisiones tomadas por la administración autonómica fueron insuficientes. La jueza ha señalado que quienes debían tomar decisiones estaban desconectados de la realidad, lo que ha llevado a una serie de críticas sobre la falta de preparación y respuesta ante la emergencia. En un auto, describió el Cecopi como una «burbuja aislada del mundo exterior», donde la información no fluía adecuadamente y las llamadas de auxilio no eran atendidas.
A medida que avanza la investigación, las primeras imputaciones han comenzado a surgir. La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, han sido citados a declarar. La jueza ha argumentado que la Generalitat tiene la responsabilidad exclusiva de comunicar las medidas de protección y que la falta de acción adecuada ha contribuido a la tragedia. Este desarrollo ha generado un debate sobre la responsabilidad política y la necesidad de rendir cuentas a aquellos que ocupan posiciones de poder.
Las familias de las víctimas continúan buscando respuestas y justicia. La jueza ha mostrado una especial sensibilidad hacia su sufrimiento, solicitando evaluaciones del estrés postraumático para aquellos que han perdido a seres queridos. La magnitud de la tragedia ha dejado cicatrices profundas en la comunidad, y muchos se preguntan si se aprenderán lecciones de esta experiencia para evitar que algo similar vuelva a ocurrir en el futuro.
La investigación de la dana no solo es un proceso judicial, sino también un reflejo de la necesidad de una gestión de emergencias más efectiva y responsable. A medida que se desentrañan los detalles de la tragedia, queda claro que la búsqueda de justicia es un camino largo y complicado, pero esencial para honrar la memoria de las víctimas y proporcionar un sentido de cierre a sus familias. La comunidad espera que la verdad salga a la luz y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que se actúe con prontitud y eficacia en futuras emergencias.
