El caso Zapatero Plus Ultra ha reabierto el debate sobre la transparencia en los rescates públicos y la responsabilidad de exmandatarios en decisiones económicas sensibles. La Fiscalía Anticorrupción investiga si el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero actuó como intermediario en el rescate de la aerolínea en 2020. El caso afecta directamente la credibilidad del PSOE y tensiona el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
¿Qué dice la investigación sobre la mediación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra?
Tres empresarios clave —Julio Martínez (‘Julito’), José Antonio Martínez Sola y Roberto Roselli— han anunciado su intención de declarar ante la Audiencia Nacional. Su testimonio apunta a una cadena de contactos que lleva desde el presidente de Plus Ultra hasta Zapatero, pasando por el exministro canario José Manuel Soria y el exconsejero José Manuel Fajardo.
La Fiscalía considera que estos testimonios podrían acreditar una mediación no oficial en un procedimiento que debió ser técnico y objetivo. El rescate implicó 100 millones de euros en avales públicos gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
¿Quién actuó como puente entre Zapatero y la aerolínea?
Según un escrito remitido al juez Calama, el presidente de Plus Ultra afirmó que José Manuel Fajardo fue su “puerta de acceso” a Zapatero. Fajardo, exconsejero del Gobierno de Canarias, habría facilitado la conexión en abril de 2020, en plena crisis sanitaria y económica.
Esto contradice la versión oficial del Gobierno, que insiste en que el rescate fue un procedimiento técnico sin injerencia política. Sin embargo, los documentos aportados por los empresarios sugieren lo contrario.
¿Por qué el Gobierno niega la mediación de Zapatero?
El Ejecutivo ha respondido con contundencia: “No tenía sentido intermediar en el rescate”. Argumentan que Plus Ultra cumplía todos los requisitos legales para acceder al aval del ICO. Además, recalcan que el rescate no fue discrecional, sino reglado y supervisado por órganos técnicos.
No obstante, la Fiscalía cuestiona esa lectura. El hecho de que tres empresarios hayan decidido colaborar con la Justicia —y lo hayan hecho de forma coordinada— eleva el nivel de sospecha. Su declaración podría desencadenar una imputación formal si se acredita que Zapatero ejerció influencia para acelerar o condicionar el aval.
¿Qué dice el marco legal sobre la intervención de exmandatarios?
La Ley de Incompatibilidades y el Código Ético del Alto Cargo prohíben a exresponsables públicos intervenir en asuntos que hayan sido de su competencia o que impliquen interés público. Aunque Zapatero no era cargo activo en 2020, su condición de exjefe del Gobierno le otorga una responsabilidad especial en asuntos de relevancia nacional.
Además, el Reglamento del ICO exige transparencia absoluta en la concesión de avales. Cualquier mediación no documentada podría vulnerar el principio de igualdad de acceso y el deber de imparcialidad administrativa.
¿Cuál es el impacto económico y político del caso?
El rescate de Plus Ultra se enmarca en una política de apoyo a sectores estratégicos durante la pandemia. Pero su revisión judicial pone en duda la eficacia y equidad de esos mecanismos. El coste fiscal supera los 100 millones de euros, y el retorno público sigue siendo incierto.
Políticamente, el caso alimenta las demandas del PP y Vox, que exigen la convocatoria de elecciones generales. También presiona a los socios parlamentarios del Gobierno, como Sumar y ERC, que reclaman medidas contundentes contra la corrupción.
¿Qué papel juega la figura de Begoña Gómez en este contexto?
Aunque no vinculada directamente al caso Plus Ultra, la investigación judicial sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, se suma a una crisis sistémica de confianza. Ambos procesos —Zapatero y Gómez— forman parte de un patrón que afecta la percepción de integridad institucional.
Datos Clave
- La Fiscalía Anticorrupción investiga una posible mediación no autorizada de Zapatero en el rescate de Plus Ultra en 2020.
- Tres empresarios —’Julito’, Martínez Sola y Roselli— han anunciado su intención de declarar ante el juez Calama.
- El rescate implicó 100 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
- El exconsejero canario José Manuel Fajardo es señalado como el nexo entre Plus Ultra y Zapatero.
- El Gobierno insiste en que el procedimiento fue técnico y reglado, sin intervención política.
- El caso se analiza bajo la Ley de Incompatibilidades y el Código Ético del Alto Cargo.
- Su desarrollo coincide con otras investigaciones judiciales contra figuras del PSOE: David Sánchez, José Luis Ábalos, Leire Diez-Santos Cerdán y Begoña Gómez.
¿Qué sigue en la investigación judicial?
El juez Calama debe decidir si abre diligencias de investigación formal contra Zapatero. Para ello, evaluará la coherencia y credibilidad de los testimonios empresariales. También revisará comunicaciones, agendas y registros de reuniones entre los implicados.
Mientras tanto, el PSOE enfrenta una crisis de gobernabilidad. La presión interna y externa exige respuestas claras sobre ética pública, transparencia financiera y rendición de cuentas. El caso Plus Ultra ya no es solo judicial: es un termómetro de la confianza ciudadana en las instituciones.
