El lawfare no es un concepto abstracto: es una práctica real que socava la confianza ciudadana en la justicia. Baltasar Garzón lo define como la instrumentalización del derecho con fines políticos, mediáticos o corporativos. Su nuevo libro, La democracia amenazada, expone cómo esta estrategia ha erosionado la separación de poderes en España. El fenómeno no solo distorsiona procesos judiciales, sino que afecta directamente a la estabilidad institucional y al derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
¿Qué significa lawfare en el contexto español actual?
El lawfare en España se manifiesta cuando se inician causas judiciales sin base probatoria sólida, con plazos desproporcionados o medidas cautelares desmedidas. Garzón señala que estos procesos suelen coincidir con momentos clave del ciclo político. No se trata de perseguir delitos, sino de desgastar al adversario mediante la prolongación artificial de investigaciones.
El caso Ortega Lara y la lucha contra el terrorismo
En los años 90, Garzón lideró operaciones que devolvieron seguridad a la ciudadanía. La liberación de José Antonio Ortega Lara, secuestrado 532 días por ETA, fue un hito de eficacia judicial. En ese contexto, la justicia actuaba con transparencia y respaldo social. Hoy, esa misma institución se ve cuestionada cuando sus decisiones parecen alineadas con agendas partidistas.
¿Cómo ha evolucionado el lawfare desde el caso Pinochet?
La orden de detención contra Augusto Pinochet en 1998 marcó un antes y un después. Demostró que la justicia española podía actuar con independencia y proyección internacional. Pero desde entonces, el uso de la jurisdicción universal ha sido restringido. La reforma de 2014 limitó su alcance, debilitando herramientas clave para juzgar crímenes contra la humanidad. Esa restricción no respondió a presiones técnicas, sino a presiones diplomáticas y políticas.
La suspensión de Garzón en 2010: un punto de inflexión
El 14 de mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial suspendió a Garzón por investigar los crímenes franquistas. El Tribunal Supremo lo condenó por prevaricación, pese a que no existía jurisprudencia previa que lo prohibiera. Este caso es paradigmático: la justicia sancionó una investigación sobre delitos de lesa humanidad, mientras se ignoraban las exigencias del Derecho Internacional.
¿Qué impacto económico tiene el lawfare en la gobernanza?
El lawfare genera costes ocultos. Las investigaciones prolongadas desvían recursos públicos de la Administración de Justicia. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2025 se duplicaron los recursos humanos destinados a causas con alta cobertura mediática pero baja solvencia probatoria. Además, la incertidumbre jurídica frena la inversión extranjera. Empresas evitan operar en sectores sensibles si anticipan litigios sin fundamento técnico.
El caso Begoña Gómez: ¿justicia o espectáculo?
Garzón cita el procedimiento contra la esposa del presidente del Gobierno como ejemplo claro. Se adoptaron medidas restrictivas de derechos sin sustento procesal claro. Esto no fortalece la transparencia: la debilita. La ciudadanía percibe que los tribunales ya no son garantes neutrales, sino escenarios de confrontación.
¿Qué marco legal regula hoy el lawfare en España?
No existe una ley que lo prohíba expresamente. Pero el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución establecen límites. El artículo 24 CE garantiza el derecho a un juicio justo. El artículo 117 exige independencia judicial. Cuando se violan estos principios, se activa la responsabilidad disciplinaria. Sin embargo, los mecanismos de control interno son débiles y poco transparentes.
Datos Clave
- El lawfare implica el uso de la justicia como arma política, no como instrumento de equidad.
- Desde 2010, se han multiplicado por 3,2 los recursos de apelación contra medidas cautelares en causas con alta exposición mediática.
- El 78 % de los procedimientos calificados como lawfare por observatorios independientes no concluyen con condena.
- La reforma de la jurisdicción universal en 2014 eliminó la posibilidad de investigar crímenes franquistas desde España.
- La Unión Europea ha advertido, en informes de 2024 y 2025, sobre riesgos para el Estado de Derecho derivados de la politización judicial.
El lawfare no es un debate académico: es una amenaza tangible. Su crecimiento refleja una crisis de confianza institucional. Garzón no pide impunidad, sino coherencia. Exige que la justicia recupere su rol de árbitro imparcial, no de actor político. La democracia no se defiende con sentencias espectaculares, sino con garantías reales, transparencia procesal y respeto al Derecho Internacional.
