Manuel S.F., ganadero de 55 años, cumple nueve años de prisión por intentar asesinar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta (Asturias) en agosto de 2024. El ataque dejó al agredido, José Antonio C.S., al borde de la muerte por una lesión en la vena yugular. La sentencia es firme tras confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
¿Qué motivó el ataque con motosierra en Asturias?
El conflicto tenía raíces familiares profundas. Manuel y su cuñado mantenían una disputa hereditaria desde hacía años. El litigio giraba en torno a una finca y una vivienda en la parroquia de Alles. Las tensiones se intensificaron durante dos o tres años, con peleas recurrentes entre el acusado, su hermana, su madre y el agredido.
El rol de la herencia en el crimen
La sentencia destaca que el acusado actuó con premeditación. No solo eligió un arma letal, sino que la preparó con antelación: la sacó del garaje, la comprobó y la transportó en el maletero de su furgoneta. Este nivel de planificación descarta cualquier interpretación de acto impulsivo.
¿Cómo se desarrolló el ataque casi mortal?
El 24 de agosto de 2024, Manuel condujo a toda velocidad hasta el camino agrario de ‘Valverín’, una zona aislada y de uso exclusivo para labores rurales. Allí encontró a su cuñado dentro de su vehículo. Tras bajarse de la furgoneta, empuñó la motosierra ya arrancada y se acercó con intención clara.
La agresión física y sus consecuencias médicas
Con la frase ‘te voy a trocear’, asestó un corte vertical que afectó el cuello derecho, el tórax y el brazo superior. La lesión perforó la vena yugular, causando una hemorragia masiva. El agredido estuvo a punto de morir desangrado. Fue trasladado de urgencia y requirió cirugía inmediata y larga recuperación.
¿Qué dice la ley sobre el uso de herramientas agrícolas como armas?
La Audiencia Provincial y el TSJA calificaron el hecho como asesinato en grado de tentativa, no como lesiones graves. Esto implica que el juez valoró la capacidad lesiva del arma, la intención manifiesta y el riesgo real de muerte. Una motosierra no es un arma blanca común: su potencia y velocidad la convierten en un instrumento de peligrosidad extrema, equiparable a un arma de fuego en contextos de violencia intencional.
Marco legal aplicable
El artículo 139 del Código Penal castiga el asesinato en grado de tentativa con penas de 7 a 15 años. La condena de nueve años refleja la gravedad del hecho, pero también atiende a circunstancias como la ausencia de antecedentes penales y la declaración de arrepentimiento en juicio —aunque el tribunal subrayó que no atenuó la premeditación.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso?
El conflicto hereditario no solo generó violencia física, sino también costes legales, médicos y psicológicos para ambas familias. Además, el caso ha reabierto el debate sobre la gestión de herencias rurales en Asturias, donde la falta de testamentos claros y la co-propiedad de tierras siguen siendo fuente de litigios. Según datos del Colegio de Abogados de Oviedo, un 38 % de los conflictos familiares en zonas rurales derivan de herencias no formalizadas.
Datos Clave
- El ataque ocurrió el 24 de agosto de 2024 en el camino de ‘Valverín’, Peñamellera Alta.
- La motosierra fue transportada en el maletero de una furgoneta tras ser verificada previamente.
- La víctima sufrió una lesión en la vena yugular, con riesgo inminente de muerte.
- La sentencia es firme tras confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
- El caso forma parte de una tendencia creciente de violencia intrafamiliar en zonas rurales, según el Observatorio de Violencia Familiar del Ministerio de Igualdad.
La condena refuerza la doctrina judicial sobre la premeditación implícita en el uso de herramientas industriales como armas. También evidencia cómo los conflictos patrimoniales, si no se resuelven con mediación o vía judicial temprana, pueden escalar a niveles extremos. En el contexto actual, con una reforma pendiente del régimen de sucesiones en el Código Civil, este caso sirve como advertencia práctica para familias rurales que posponen la regularización de bienes.
