Pedro Bestard, vicepresidente del Consell de Mallorca y cargo de Vox, ha gastado más de 1.700 euros solo en combustible de un vehículo oficial. El informe de 92 folios revela cinco vehículos oficiales vinculados a su cargo, desplazamientos sin actos institucionales registrados, repostajes en horarios atípicos y gastos como 2.600 euros en una feria de caza en Madrid. La falta de regulación jurídica y las contradicciones en sus declaraciones agravan la gravedad del caso.
¿Qué revela el informe de 92 folios sobre el uso de vehículos oficiales?
El informe de la Secretaría Técnica del departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes documenta con facturas, correos, registros de repostaje y fotografías un patrón sistemático de uso privado de recursos públicos. No se trata de errores aislados. Se constata que tres vehículos —Dacia Sandero, Ford Ranger y Subaru Crosstrek— fueron asignados de forma exclusiva sin base legal. Además, otros dos vehículos aparecen vinculados a su actividad, elevando el total a cinco vehículos oficiales bajo su control directo.
Rotulación deliberadamente eliminada
Bestard ordenó que el Dacia Sandero no llevara rotulación institucional. El Subaru Crosstrek, entregado con la imagen corporativa del Consell, circuló posteriormente sin ella. Esto contradice su afirmación ante la Comisión de Transparencia de que los distintivos eran de «quita y pon». La ausencia de rotulación facilita el uso discrecional y socava la transparencia administrativa, un principio esencial en la gestión pública.
¿Cuál es el impacto económico real del caso Bestard?
El gasto público no se limita a los 1.700 euros en combustible. El viaje a Madrid para la feria de caza costó 2.600 euros. Hubo facturas por rotular de nuevo un coche, sustituir llaves perdidas y trasladar un boc balear disecado desde Toledo. Estos gastos no responden a funciones institucionales. Representan una desviación de fondos públicos que afecta directamente al presupuesto de Medio Ambiente y Rural. En un contexto de ajustes presupuestarios y recortes en servicios esenciales, cada euro mal empleado erosiona la confianza ciudadana.
Costes ocultos y pérdida de credibilidad
Más allá de lo contable, el caso genera costes reputacionales severos. El Consell de Mallorca pierde autoridad moral para exigir austeridad o cumplimiento normativo. La gestión opaca de flotas oficiales debilita la percepción de integridad institucional. Esto impacta negativamente en la inversión pública y en la cooperación con entidades europeas, que exigen rigurosidad en el uso de fondos.
¿Qué marco legal regula el uso de vehículos oficiales en Baleares?
No existe una norma específica del Consell de Mallorca que autorice la asignación exclusiva de vehículos a altos cargos. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exige que el uso de bienes públicos se ajuste al principio de finalidad y al principio de economía. El Real Decreto 1372/2003, que regula el régimen de vehículos oficiales, exige justificación objetiva, registro de uso y publicidad de los criterios de asignación. Ninguno de estos requisitos se cumplió en el caso Bestard.
Falta de control interno y responsabilidad política
El informe evidencia una ausencia de controles internos efectivos. No hubo auditoría previa, ni revisión periódica de la flota, ni mecanismos de rendición de cuentas automáticos. La responsabilidad recae tanto en el titular del cargo como en los órganos de control interno del Consell. La falta de sanción inmediata tras la primera denuncia refleja una debilidad estructural en la gobernanza.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- 1.700 euros gastados solo en combustible de un vehículo oficial en un período limitado.
- Hasta cinco vehículos oficiales vinculados al cargo de Pedro Bestard.
- 20 desplazamientos sin actos institucionales registrados en el Portal de Transparencia.
- Repostajes confirmados en domingos y primeras horas de la mañana, fuera de horarios laborales.
- Gasto de 2.600 euros en un viaje a Madrid para una feria de caza.
- Eliminación deliberada de rotulación institucional en dos vehículos oficiales.
- Ausencia de norma jurídica que respalde la asignación exclusiva de vehículos.
El caso Bestard no es un incidente aislado. Es un síntoma de una gestión que prioriza la discrecionalidad sobre la rendición de cuentas. La transparencia activa, la auditoría continua de flotas y la publicación obligatoria de agendas y desplazamientos son medidas urgentes. Sin ellas, cualquier reforma institucional carece de credibilidad. La ciudadanía exige coherencia entre discurso y práctica. Y los hechos, documentados en 92 folios, no dejan lugar a dudas.
