Julija Pogacar, niña eslovena de 10 años desaparecida en 2021, sigue sin localizarse. Su madre, Melissa Smrekar, la sacó del país sin autorización judicial. Ahora, nuevas pistas apuntan a Gran Canaria como posible refugio. La Policía Nacional investiga activamente el caso bajo la figura de sustracción parental y aislamiento coercitivo. El padre, Peter Pogacar, ha viajado a España para presentar denuncia y colaborar con la UFAM y el Servicio de Información especializado en sectas destructivas.
¿Qué es la sustracción parental y cómo se tipifica en España?
La sustracción parental es un delito previsto en el Código Penal español (artículo 225 bis). Se comete cuando un progenitor se lleva, retiene o oculta a un menor sin autorización judicial y contra la custodia asignada.
Este delito no requiere que el menor sea trasladado al extranjero. Basta con el alejamiento injustificado del entorno familiar y escolar habitual.
En el caso de Julija, la ruptura total con su padre, hermanos y colegio constituye un indicador claro de aislamiento psicológico y violación de derechos fundamentales.
¿Por qué interviene la UFAM en este caso?
La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) no solo actúa en violencia de género. También investiga desapariciones de menores vinculadas a conflictos familiares.
Sus agentes están formados en protocolos de búsqueda urgente, entrevista no sugestiva y coordinación con Europol.
Su participación refleja la gravedad del caso: no se trata de una fuga aislada, sino de un patrón de control prolongado.
¿Qué papel juegan las sectas antivacunas en este caso?
Peter Pogacar ha señalado que su expareja podría estar bajo influencia de Lana Praner, una gurú antivacunas que difunde teorías conspirativas sobre microchips en vacunas, control mediante 5G y supresión de la libertad individual.
Estas creencias no son meras opiniones. En España, la Ley Orgánica 1/2015 contra la violencia de género y la Ley 1/2023 de protección integral frente a la violencia psicológica reconocen el control ideológico como forma de violencia coercitiva.
¿Cómo afecta esto a la niña?
El aislamiento no es físico únicamente. Es cognitivo y emocional. Julija, ahora de 15 años, ha estado privada de su identidad familiar, su lengua materna, su sistema educativo y su derecho a la libertad de pensamiento.
Esto puede generar daños psicológicos severos: trastorno de apego, ansiedad crónica, desconfianza en figuras de autoridad.
¿Qué implicaciones tiene la investigación en Gran Canaria?
Gran Canaria es un destino frecuente para redes de ocultamiento por su alta rotación turística, infraestructura residencial dispersa y baja densidad policial en zonas rurales.
La Policía Nacional ya ha activado el Protocolo de Búsqueda de Menores Desaparecidos (BMD). Incluye revisión de registros de alojamientos, escuelas privadas, centros médicos y bases de datos de tarjetas SIM y matrículas.
También se analizan flujos de criptomonedas, ya que grupos como el de Lana Praner suelen exigir donaciones en Bitcoin para acceder a “terapias de liberación”.
¿Qué dice el marco legal europeo?
El caso está inscrito en el Sistema de Información de Schengen (SIS II) y en la Red de Contactos de Menores Desaparecidos de Europol.
España, como Estado miembro, debe aplicar el Reglamento Bruselas II bis, que exige la devolución inmediata del menor si se demuestra que la sustracción viola el derecho de custodia.
No obstante, la complejidad aumenta si la madre invoca “protección ideológica” o “riesgo de daño psicológico” al menor, argumentos que los tribunales europeos rechazan sistemáticamente cuando carecen de base objetiva.
Datos Clave
- Julija desapareció el 1 de noviembre de 2021, a los 10 años, en Eslovenia.
- Su madre, Melissa Smrekar, la sacó del país sin autorización judicial ni acuerdo familiar.
- La investigación española se centra en Gran Canaria, con apoyo de la UFAM y el Servicio de Información contra sectas.
- Se sospecha influencia de la gurú antivacunas Lana Praner, vinculada a teorías de control mediante 5G y microchips.
- El caso involucra delitos de sustracción parental, aislamiento coercitivo y posible violencia psicológica ideológica.
- España está obligada por el Reglamento Bruselas II bis a garantizar la devolución inmediata si se localiza al menor.
El impacto económico del caso trasciende los costes policiales. Afecta al sistema educativo, al servicio de protección a menores y a la cooperación judicial internacional. Cada mes sin localización incrementa el riesgo de reinserción social fallida, con costes sociales a largo plazo. Desde el punto de vista legal, el caso pone a prueba la capacidad de los Estados miembros para aplicar con eficacia el principio de interés superior del menor, incluso frente a narrativas ideológicas engañosas.
